La policía de Brasil interrogó a unos mil manifestantes detenidos en la capital después de que turbas antigubernamentales saquearon edificios públicos durante el fin de semana.
La mayoría de los partidarios del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, fueron detenidos cuando el ejército desmanteló un campamento en Brasilia donde los manifestantes partieron para asaltar al Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial.
Los manifestantes en el campamento habían pedido un golpe militar para anular las elecciones de octubre en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro.
El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien está a cargo de las investigaciones de las protestas "antidemocráticas", prometió en un discurso el martes combatir a los "terroristas" que piden un golpe de Estado.
"La democracia prevalecerá y las instituciones brasileñas no se doblegarán", dijo Moraes en la juramentación de un nuevo jefe de la policía federal.
Sin embargo, el desafío de llevar a cabo una investigación criminal tan enorme sobre un movimiento de protesta poco organizado en las primeras semanas de un nuevo gobierno ya comenzaba a mostrarse.
Aproximadamente mil manifestantes del campamento de protesta fueron detenidos para ser interrogados en un gimnasio de la policía donde dormían en el suelo, algunos envueltos en banderas brasileñas, y afirman que estaban detenidos indefinidamente y mal alimentados.
El senador opositor Marcos do Val, quien ha denunciado los disturbios de Brasilia como un error para la derecha política, dijo a los periodistas fuera del gimnasio que muchos de los detenidos "están pagando por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado".
"No se hizo nada"
Las investigaciones también pueden extenderse mucho más allá de Brasilia. Los militantes pro-Bolsonaro discutieron en las redes sociales sus planes para interrumpir carreteras y refinerías de petróleo para causar un caos económico en sincronía con su asalto a la capital.
La compañía energética brasileña Eletrobras está investigando si el colapso de dos torres de transmisión estuvo relacionado con la violencia del domingo en Brasilia, según dos fuentes familiarizadas con la investigación.
Los mercados financieros han ignorado en gran medida el levantamiento en la economía más grande de América Latina, con el índice bursátil de referencia Bovespa (BVSP) subió un 0.7 por ciento el martes y la moneda de Brasil, el real, repuntó casi un 1 por ciento frente al dólar estadounidense.
Pero la violencia sorprendió al gobierno de Lula, que ha estado en el poder por apenas una semana, y podría retrasar los anuncios de política económica que fueron planeados para esta semana por una administración ansiosa por mostrar resultados.
El jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, dijo que el gobierno había vuelto al trabajo y que las decisiones políticas se tomarían a tiempo.
El lunes por la noche, Lula se reunió con el jefe de la Corte Suprema, líderes del Congreso y gobernadores estatales en una muestra de unidad nacional para condenar los disturbios.
Visitaron el edificio saqueado de la Corte Suprema, que fue el sitio más dañado por los alborotadores pro-Bolsonaro.
Lula acusó a los alborotadores de tratar de derrocar la democracia y cuestionó por qué el ejército no había desalentado los llamados a un golpe militar.
"La gente llamaba abiertamente a un golpe de Estado fuera del cuartel, y no se hizo nada. Ningún general levantó un dedo para decirles que no podían hacer eso", dijo el presidente de 77 años. Acusó a algunas fuerzas de seguridad de ser cómplices de los alborotadores.
MO