El gobierno de Burkina Faso reconoció hoy que se produjeron disparos en ciertos cuarteles militares durante esta madrugada, pero rechazó los temores de que se esté produciendo un golpe de Estado en el país y aseguró que "ninguna institución pública" se ha visto perturbada.
A través de un comunicado firmado por el el portavoz del gobierno, Alkassoum Maïga, el Ejecutivo de Roch Marc Christian Kaboré (presidente desde finales de 2015) pidió esta mañana a la población mantener la calma y recalcó su confianza en las fuerzas armadas del país.
"Unas informaciones en las redes sociales tienden a hacer creer en una toma del poder por parte del ejército en este día 23 de enero de 2022. El gobierno, aun reconociendo la autenticidad de (que se produjeron) tiros en ciertos cuarteles, desmiente estas informaciones y pide a la población mantenerse serena", señalaba el escueto texto.
Poco después, el ministro de Defensa, el general Aimé Barthélémy Simporé aseguró en una breve entrevista con la televisión pública RTB que el presidente burkinés no había sido "detenido" y que la situación está "bajo control".
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"Ninguna institución pública ha sido por el momento perturbada", recalcó Simporé, tras haber afirmado que están "siguiendo" la situación para aclarar las "motivaciones" que generaron los disparos en los centros militares.
El ministro también afirmó que los incidentes no se dieron en "demasiados" cuarteles y añadió que en algunos ya se recuperó la calma.
Estas aclaraciones oficiales y llamadas a la calma se produjeron después de que varios medios locales publicaran informaciones sobre disparos escuchados en cuarteles militares de las zonas de Uagadugú, Kaya (al noreste de la capital) y Ouahigouya (norte) a partir de las 4 horas de esta madrugada.
Uno de los centros afectados es un campo militar que alberga a prisioneros detenidos por un intento de golpe de Estado en 2015.
Soldados se amotinan para exigir reemplazo de jefes del ejército
Más tarde, se informó que soldados se amotinaron este domingo en varios cuarteles de Burkina Faso para exigir el reemplazo de los jefes del ejército y "recursos más adecuados" para luchar contra los yihadistas que golpean el país africano desde 2015.
Burkina Faso está inmerso en una espiral de violencia desde 2015, atribuida a grupos armados afiliados a Al Qaida y al Estado Islámico (EI). Los ataques contra civiles y militares son cada vez más frecuentes y se concentran en gran medida en el norte y el este del país.
Estos motines en los cuarteles de Burkina ilustran la fragilidad del poder del presidente Roch Marc Christian Kaboré, acusado de impotencia ante la violencia yihadista.
Este mismo mes hubo en Burkina Faso quince detenciones (diez soldados y cinco civiles) en relación con una supuesta intentona de golpe de Estado.
Los detenidos fueron puestos a disposición de un tribunal militar de Uagadugú y, tras las primeras audiencias judiciales sobre el caso, algunos fueron liberados y el resto continúa en prisión preventiva.
Este sábado, el país había vivido una nueva jornada de manifestaciones no autorizadas, convocadas por grupos de la sociedad civil para expresar el gran descontento social por la inseguridad generada en el país por la violencia yihadista y la falta de resultados del gobierno a la hora de frenarla.
Las movilizaciones fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y se dieron algunos choques entre agentes y manifestantes.
La inseguridad ha ocasionado que el número de desplazados internos ascienda ya a 1.5 millones de personas, según datos del gobierno burkinés.