La relación bilateral entre las dos economías más integradas de Norteamérica ha entrado en una fase inédita de confrontación provocado por condiciones del gobierno de Estados Unidos sobre temas soberanos de Canadá, uno de ellos relacionado con Cuotas de Contenido Canadiense puesto sobre la mesa de último minuto.
La exigencia del gobierno de Donald Trump de eximir a los bienes y servicios digitales estadunidenses de las leyes proteccionistas locales provocó que el equipo negociador canadiense se levantara de la mesa. Estados Unidos buscaba evitar los costos operativos, técnicos y legales que implica adaptar sus plataformas de software y contenidos al francés, segundo idioma oficial de Canadá.
Para Ottawa y Quebec, argumentan los especialistas, la cultura y el idioma no son mercancías comerciales, sino pilares fundamentales de la identidad nacional e independencia frente a la hegemonía cultural estadunidense.
La Carta de la Lengua Francesa (Ley 101) y la actualización de la Ley 96 exigen que los productos, servicios digitales, catálogos e interfaces ofrecidos a la población estén plenamente traducidos y disponibles en francés.
Canadá ha mantenido históricamente una excepción cultural en sus tratados comerciales (como el T-MEC), por lo que ceder ante estas exigencias implicaría desmantelar décadas de soberanía cultural.
Esta exigencia forma parte de la constante tensión entre las políticas de protección cultural y lingüística de Canadá y los intereses económicos de las grandes corporaciones de medios y tecnología de Estados Unidos como Netflix, Disney, Amazon, Google y Spotify.
¿Qué son las Cuotas de Contenido Canadiense?
Existe una regulación histórica del Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Canadá que exige a las emisoras de radio y televisión reservar un porcentaje obligatorio de sus horarios de transmisión para música, series y programas creados por productores y artistas canadienses principalmente en francés.
Pero el reclamo de Estados Unidos es porque empresas estadunidenses argumentan que estas cuotas limitan el libre mercado y obligan a incluir contenido local por encima del comercialmente más popular.
En paralelo, Estados Unidos pide revertir la Ley de Transmisión en Línea que fue aprobada en 2023, la cual actualizó la regulación canadiense para incluir a las plataformas de streaming y que exige a estos gigantes tecnológicos pagar cuotas para financiar la creación de arte y cine canadiense, además de modificar sus algoritmos para hacer "visible" el contenido canadiense a los usuarios locales, es decir, en francés.
Estados Unidos sostiene que esta ley actúa como un "impuesto o arancel disfrazado" contra las multinacionales tecnológicas estadunidenses e interfiere en la neutralidad de sus plataformas.
Postura de Canadá ante EU
El discurso del primer ministro, Mark Carney, del sábado 22 de agosto, pronunciado tras suspender las negociaciones comerciales con el gobierno de Estados Unidos, dejó clara la postura de Canadá frente a las exigencias de Washington y aseguró que estas condiciones son inaceptables.
“No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá ni a perjudicar a nuestros principales sectores. No estábamos dispuestos a transigir en materia de soberanía, protección de la lengua francesa y nuestra cultura. Para nuestros colegas estadunidenses, seamos claros: para mi gobierno y para Canadá, estas cuestiones nunca han formado parte de la agenda, aunque Estados Unidos haya intentado hasta el último minuto incluirlas”, comentó en su discurso el primer ministro canadiense.
Ante un pliego de peticiones que Washington califica como "términos favorables", pero que vulneran la soberanía económica, cultural y energética de Canadá, el gobierno de Carney dio un paso al frente, rechazó de plano las pretensiones de la Casa Blanca y se levantó de la mesa de negociación.
"Pidieron demasiado y ofrecieron muy poco... Se entra en guerra cuando te atacan, y nosotros fuimos atacados. No fue nuestra elección; estábamos listos para un acuerdo justo, pero presentaron exigencias de última hora que amenazan el idioma francés, la cultura de Quebec y la soberanía de Canadá. Eso es inaceptable y nunca será aceptable. Somos dueños de nuestra propia casa", añadió Carney.
Otras condiciones planteadas por Estados Unidos se refieren al veto sobre asociaciones estratégicas de infraestructura en el que Canadá debía someter las principales inversiones extranjeras en infraestructura (puertos, telecomunicaciones, oleoductos y redes eléctricas) a una junta de revisión conjunta, otorgando a Estados Unidos un veto funcional sobre la inversión extranjera en suelo canadiense.
También obligaba a Ottawa a alinearse de manera automática con las sanciones, los controles de exportación y los aranceles de Estados Unidos hacia otras naciones, renunciando a una política comercial exterior independiente.
En relación con la prevalencia jurisdiccional sobre minerales críticos, Washington exigía derecho de preferencia garantizado y topes de precios para minerales clave (litio, níquel, cobalto, uranio) del norte canadiense, limitando el procesamiento local y las exportaciones a otros aliados.
El rompimiento de las negociaciones y la postura de Carney ha recibido el apoyo de todos los gobernadores de las provincias canadienses así como de los liderazgos empresariales.
Goldy Hyder, presidente del Consejo Empresarial de Canadá, afirmó que confía en que Ottawa ha tomado una decisión difícil, pero es lo mejor para el país.
“Nuestra atención debe centrarse en fortalecer Canadá y nuestra economía para todos los canadienses. También debemos apoyar a aquellos directamente afectados por los aranceles estadunidenses. Los líderes empresariales canadienses han reconocido desde hace tiempo que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo”, expresó a través de un comunicado el líder empresarial.
Dijo que los empresarios mantienen la esperanza de que Canadá y Estados Unidos eventualmente encuentren puntos en común.
¿Por qué no continuaron negociando?
Otras condiciones impuestas por Estados Unidos y que no tuvieron eco en el equipo negociador de Canadá:
- Derogación del Impuesto sobre Servicios Digitales y la Ley de Noticias en Línea: Exigencia de eliminar la legislación que obliga a las grandes tecnológicas estadunidenses a pagar impuestos por ingresos locales y compensar a los medios periodísticos canadienses.
- Eliminación de normas de contratación pública "Compre Canadá": Obligación de conceder acceso igualitario a empresas estadunidenses a licitaciones de infraestructura pública en todos los niveles gubernamentales, prohibiendo preferencias locales.
- Desmantelamiento de salvaguardias agrícolas: Eliminación del sistema de gestión de la oferta canadiense para los sectores lácteo, avícola y de huevos, sumado a la adopción obligatoria de normas estadounidenses sobre agroquímicos y pesticidas.
- Modificación unilateral de normas automotrices: Reestructuración de reglas para trasladar empleos de ensamblaje a Estados Unidos y la exclusión de plantas de ensamblaje pesado del alivio arancelario.
- Prórrogas de patentes farmacéuticas: Extensión de la exclusividad de datos para farmacéuticas extranjeras, lo que retrasaría la llegada de medicamentos genéricos y encarecería el sistema de salud provincial
- Asignación prioritaria de energía canadiense: Garantías de precios y asignaciones prioritarias para la exportación a Estados Unidos de petróleo crudo, gas natural, energía hidroeléctrica y energía nuclear.
- Mandatos militares y árticos vinculantes: Compromisos de gasto en defensa atados a la compra obligatoria de equipamiento militar de fabricación estadounidense para la vigilancia del Ártico y modernización del NORAD.
- Reducción de normas aduaneras y de minimis: Reducción de umbrales impositivos al comercio electrónico para dar libre acceso a minoristas estadunidenses, en perjuicio del comercio minorista local.
- Cambios en la resolución de disputas: Restablecimiento de mecanismos agresivos de resolución de controversias inversor-Estado que permitirían a corporaciones extranjeras impugnar leyes y regulaciones canadienses.
LJ