Once días antes de que las aeronaves estadunidenses ingresaran a Venezuela como parte de una operación militar para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro Moros, un grupo de asesores del Departamento de Justicia emitió su beneplácito para llevar a cabo dicho plan.
Una versión testada del documento, revelada en días recientes, expone cuáles fueron los argumentos que la Oficina de Asesoría Jurídica evaluó para consentir el despliegue unilateral de tropas en Caracas. ¿Qué elementos fueron tomados en cuenta? En MILENIO te contamos.
Colombia: el punto de partida de la operación
En el documento al que MILENIO tuvo acceso, los abogados del Departamento de Justicia consideraron la prolongada lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una de las principales justificaciones para intervenir en territorio venezolano.
Ante los embates de los gobiernos colombiano y estadunidense, "muchos líderes de las FARC emigraron a Venezuela, llevando su violencia y corrupción con ellos", sostiene el memorándum.
Como resultado de dicho éxodo, en la élite política y militar de Venezuela comenzaron a proliferar lazos de corrupción que consolidaron una red conocida popularmente como el Cártel de los Soles, cuyo nombre se desprende de las insignias usadas por los oficiales del país sudamericano.
La información citada por la Oficina de Asesoría Jurídica sostiene que miembros del gabinete de Nicolás Maduro han acudido a reuniones con miembros de alto rango de las FARC para "discutir futuros envíos de drogas" hacia Estados Unidos; no obstante, se reconoció que ha habido "dificultades" para corroborar la participación directa de Maduro en dicha actividad.
"Maduro no renunciará al poder voluntariamente"
La llamada Operación Determinación Absoluta planteó que, ante la renuencia de Nicolás Maduro de abandonar el poder de forma voluntaria, sería necesario que "el presidente [Donald Trump] ordene al personal militar de Estados Unidos que ayude a las fuerzas del orden para llevar a Maduro por la fuerza a Nueva York para que sea juzgado".
Para el Departamento de Justicia, esto se justifica por la "gravedad" de las conductas que se le atribuyen a Nicolás Maduro en las acusaciones emitidas en su contra.
"A diferencia del narcotraficante promedio, es necesario detener a Maduro en Sudamérica y el apoyo militar es una necesidad operativa para que las fuerzas del orden puedan hacerlo de forma segura", se lee en el memorándum.
Sin intenciones de ocupación ni indicios de guerra constitucional
Durante la planeación del operativo militar se tuvo conocimiento de que Maduro pasaba una cantidad de tiempo considerable en el Fuerte Tiuna, un complejo militar ubicado en la zona sur de Caracas.
Como parte de la capacidad de defensa de Venezuela, se contabilizaron al menos 75 unidades con misiles antiaéreos en la ruta hacia el Fuerte, así como una escolta integrada por 200 guardias extranjeros a cargo de la seguridad de Maduro. Con dichos datos en su poder, el Departamento de Guerra advirtió que la entrada de tropas para capturar a Nicolás Maduro estaría precedida por un "bombardeo preparatorio".
Aunque los abogados reconocieron que el tipo de fuerza involucrado para esta operación regularmente exigiría la aprobación del Congreso, se consideró que el rango de actividades diseñadas para extraer a Maduro estaban "dentro de la autoridad constitucional y unilateral del presidente".
Para llegar a dicha conclusión, la Oficina de Asistencia Jurídica enfatizó que el personal contemplado para ingresar a Venezuela era notoriamente menor a los 20 mil elementos de tropa aprobados para la intervención en Haití de 1994. Sumado a lo anterior, se determinó que incluso si la resistencia hubiera provocado la "pérdida total de la fuerza de ataque", la cantidad de bajas no sería comparable con las muertes que caracterizan a una "guerra constitucional".
Hacia el final del documento, el grupo de abogados sostuvo no haber recibido información sobre "ningún plan de contingencia que implique el uso de las fuerzas estadunidenses para ocupar Venezuela en caso de que la destitución de Maduro provoque disturbios civiles".
Asimismo, se concluyó que la salida de Nicolás Maduro generaría un contexto de confusión masiva en Venezuela y, al no haber un "claro favorito" para ocupar su lugar, el país se vería imposibilitado para llevar a cabo una respuesta en términos bélicos.
BM.