Un juez federal de Miami, en Florida, Estados Unidos, aceptó hoy un pedido del empresario colombiano Alex Saab, acusado de pagar sobornos de varios cientos de millones de dólares para asegurarse contratos con el gobierno de Venezuela, y postergó por dos semanas su audiencia judicial.
El magistrado Edwin Torres fijó una nueva audiencia para el 15 de noviembre ante el caso del empresario, reconocido funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, quien decidió salirse de la mesa de diálogo que mantenía con la oposición en Ciudad de México por la extradición del colombiano de Cabo Verde a Estados Unidos.
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Se esperaba que Saab, a quien Estados Unidos considera testaferro de Maduro, se declarara inocente de lavado de dinero en la audiencia del lunes. Pero su abogado, Henry Bell, le dijo al juez que el acusado aún estaba en aislamiento y no había podido reunirse con él.
Después de que Bell explicó que necesitaba más tiempo para poder reunirse con Saab, el juez accedió y fijó la nueva fecha.
El encuentro entre Bell y el magistrado fue a través de una conferencia virtual por Zoom a la misma hora que estaba prevista la audiencia. No se lo vio a Saab conectado.
La postergación tuvo lugar dos semanas después de la primera comparecencia de Saab ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde, que también tensó aún más las alejadas relaciones entre el gobierno de Joe Biden y el de Maduro.
Saab, de 49 años, permanece detenido en cuarentena por los protocolos de coronavirus en una prisión federal de Miami. En su primera audiencia escuchó las acusaciones de lavado de dinero que enfrenta desde una sala de la cárcel.
Además de los abogados y fiscales, a esa audiencia se conectaron más de 300 personas por Zoom, entre ellas activistas y opositores venezolanos. Bell pidió posteriormente a través de un documento que el juez limite el acceso de la prensa, alegando que se habían violado las leyes con la publicación de imágenes y videos de su cliente tomadas a través de la plataforma.
El juez dijo que tomará una decisión después de que la fiscalía responda al pedido de Bell. La audiencia en la que el magistrado Torres escuchó el pedido del representante de Saab fue pública, sin restricciones a la prensa.
La fiscalía estadunidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios en los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos.
De acuerdo con los cargos presentados en julio de 2019, tras el pago de sobornos Saab obtuvo un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas económicas. Aprovechando la tasa de cambio favorable del dólar entregó documentos de importación de materiales que nunca llegaron a Venezuela, según los fiscales.
La fiscalía sostiene que algunas de las reuniones sobre los pagos de los sobornos fueron en Miami y que Saab y otro socio colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida.
El anterior gobierno de Donald Trump incluyó a Saab en una lista de personas sancionadas, bajo sospechas de que utilizaba una red de compañías fantasma para esconder ingresos provenientes de contratos sobrevaluados de alimentos.