Tras más de diez años en estado vegetativo por un accidente de tráfico, el caso de Vincent Lambert ha dado un paso para debatir la eutanasia en Francia en plenas elecciones europeas, luego de que los médicos del Hospital de Reims reintegraran la alimentación artificial que habían retirado un día antes, en cumplimiento de una decisión judicial.
Sus padres han batallado contra la decisión desde el comienzo y perdido en todas las instancias. El domingo, su madre, Viviane, suplicó "que dejen vivir a su hijo" porque "en Francia en 2019 nadie debe morir de hambre y sed". La madre de 73 años y el padre, Pierre, de 90, secundan una concentración de unas 200 personas frente a las vallas del Hospital Sebastopol de Reims.
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El paciente de 42 años lleva allí desde septiembre de 2008 a consecuencia de un accidente de carretera. En abril de 2013, el hospital, con el acuerdo de su esposa Rachel, puso en marcha el protocolo de fin de vida.
Vincent, que era enfermero psiquiátrico habría indicado antes del accidente que rechazaba el encarnecimiento terapéutico. De palabra, dicen sus allegados.
Al no haber testimonio escrito de su voluntad, la decisión quedó en manos de su familia. Y ésta se partió en dos.
Por un lado, sus padres, fervientes católicos "próximos del ambiente tradicionalista", según el diario francés Libération, más una hermana y un hermano; por el otro, su esposa, un sobrino y otros cinco hermanos.
Los padres han recurrido ante el Consejo de Estado que dio por válida la decisión de dejarlo morir en cuatro ocasiones. Su resolución ha sido confirmada dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre.
Dos equipos médicos concluyeron que "el estado vegetativo crónico de Lambert era irreversible". Un tribunal de Reims concedió la tutela del paciente a su esposa Rachel, decisión ratificada en apelación y en casación.
En mayo, tras las últimas decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Europeo, los padres pidieron al Comité de Derechos de las Personas Minusválidas de la ONU que permita el traslado de su hijo a un establecimiento especializado y éste les dio la razón: demandaba a Francia que mantenga el tratamiento hasta que se pronuncie tras estudiar el caso a fondo.
El gobierno francés, según la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, rechaza estar obligado por la resolución de la ONU y antepone "el derecho del paciente a no sufrir una obstinación no razonable".
El sábado, los abogados de los padres suplicaron al presidente Emmanuel Macron que mantenga el tratamiento, pues calificaban la muerte del paciente de "crimen de Estado y golpe al Estado de derecho".
El presidente no ha respondido. Pero la número uno de su lista europea, Nathalie Loiseau, dijo que "el presidente de la República no quiere ir en contra de las decisiones de la justicia".
Por el contrario, el primer candidato de Los Republicanos (derecha), François Xavier Bellamy, también católico, declaró en televisión: "Cómo no apoyar [a los padres] en la prueba que están pasando. Tengo compasión por ellos que viven una cuenta atrás atroz. Deberíamos atenernos al consejo del Comité de la ONU".
De la misma opinión es la Conferencia Episcopal Francesa que en un comunicado se preguntaba: "¿Por qué esta precipitación que lleva a la muerte?".
Los abogados de los padres han interpuesto dos nuevos recursos e intentado, sin éxito, que intervenga el Defensor del Pueblo. Jacques Toubon estima que no le corresponde.
El padre de la ley que regula el fin de la vida desde 2016, Jean Leonetti, vicepresidente de Los Republicanos, considera por el contrario que dejar de mantener con vida a Vincent Lambert "está dentro de la ley".
jos