Un polémico juicio contra el gobierno y el Banco Nacional de Cuba (BNC) por el presunto impago de una deuda millonaria entró en su recta final en Londres, con el riesgo de que la isla pueda ser sancionada, luego de trascender un fenómeno de corrupción en La Habana.
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El procedimiento judicial pautado para ocho días comenzó el lunes pasado para dirimir si el grupo CRF I Limited es acreedor del BNC y del gobierno de Cuba por 72 millones de euros. Es la primera vez que la isla se ve envuelta en un litigio de esa naturaleza y de perderlo pudría sufrir el embargo de propiedades en el extranjero.
La defensa, compuesta por un grupo de prestigiosos abogados cubanos y extranjeros, alega que “CRF I no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido” y trata de demostrar además que la entidad demandante es “un fondo buitre constituido como sociedad mercantil off shore en Gran Caimán”.
Los fondos buitres compran en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países para reclamar el pago inmediato de su 100 por ciento bajo amenaza de demanda judicial.
Analistas recuerdan que en la primera década del siglo en curso, un litigio similar que involucró a Argentina y falló en contra de Buenos Aires impidió que el país suramericano accediera durante 12 años a los mercados internacionales.
Aquel procedimiento fue conocido como el caso Argentina contra Elliot Management Corporation y tras el fallo el grupo inversor llegó hasta embargar la simbólica fragata Libertad, en 2012.
Testigo clave y cuestionado
Para testificar a su favor, Cuba presentó ante el tribunal a Raúl Olivera Lozano, de 63 años, a quien los tribunales de la isla sancionaron por haber sido presuntamente sobornado por el grupo demandante a fin de traspasar a CRF I Limited la deuda contraída con otros acreedores, “violando todas las normativas vigentes el afecto”, en el decir de la defensa.
Olivera Lozano cumple en la isla una condena de 13 años de prisión y afirmo en el juicio por vía telemática que “incumplió sus responsabilidades” al autorizar el traspaso de la deuda “sin consultar previamente” al gobierno cubano.
En sus declaraciones, el ex funcionario dijo que aprobó unilateralmente el traspaso de la deuda tras recibir en octubre de 2019 la promesa de un consultor de CRF I, identificado como Jeetkumar Gordhandas, de que le pagaría a cambio 25 mil libras esterlinas.
El 13 de enero pasado, la opinión pública cubana conoció por primera vez este caso, cuando al informar sobre el juicio entonces en preparación el portavoz oficial Humberto Pérez destapó el tema en la televisión nacional.
“Representantes de CRF propusieron a funcionarios cubanos, con responsabilidades en el manejo de la deuda, actuar de forma contraria a las leyes vigentes en la isla, por lo que actuaron de forma ilegal y entregaron documentos que supuestamente demuestran que el estado cubano estaba de acuerdo” con que CRF I adquiriera la deuda contraída con otro acreedor, dijo López.
Argumentos de los demandantes
Los abogados de CRF I acusan a Cuba de “fabricar pretextos para eludir sus obligaciones”, en alusión a la condena en mayo de 2021 de Olivera Lozano y otros funcionarios implicados en el traspaso de la deuda.
En tanto, el presidente del fondo CRF I, David Charters, argumentó el jueves ante el tribunal que su grupo “no tienen los recursos ni el tamaño” para ser calificado de “fondo buitre” y agregó que su empresa tampoco es comparables con la de Elliott Management, quien en 2016 persiguió la deuda de Argentina.
Como antes hizo Gordhandas, el titular de CRF I dijo que su grupo trató infructuosamente desde 2013 de negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano y eventualmente decidió ir a juicio porque “los inversores estaban perdiendo la paciencia”.
Los bonos estaban a nombre de ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC, y serían derivados de un préstamo realizado al BNC por dos instituciones bancarias europeas en 1984.
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