El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró su rechazo a la ejecución de Edgar Tamayo Arias, sentenciado a pena de muerte en el estado de Texas, Estados Unidos.
A través de un comunicado, el gobierno federal aseguró que si Tamayo Arias es ejecutado el próximo 22 de enero sin que su proceso penal sea revisado y su sentencia reconsiderada, Estados Unidos cometería “una clara violación” a sus obligaciones internacionales.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia conocida como “Fallo Avena”, resolvió que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, incluido Edgar Tamayo, quienes fueron condenados a la pena de muerte sin ser notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas, como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Si la ejecución de Tamayo se realiza constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, lo que violaría el acuerdo que realizó el país norteamericano en la Convención de Viena, donde se garantizó el derecho de toda persona a un debido proceso, incluyendo los nacionales de Estados Unidos, mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero.
Asimismo, el gobierno de México aseguró que valora los esfuerzos de Estados Unidos para asegurar que Texas acate el Fallo Avena así como el reconocimiento de su obligación internacional y los esfuerzos realizados para buscar la aprobación de una iniciativa de ley que asegure el cumplimiento en todos los estados de esta obligación internacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, con los abogados de Tamayo, “ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución” del mexicano.
La SRE aseguró que las acciones legales más recientes se encuentran la presentación de un recurso judicial fundado en las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De igual manera se presentó una demanda federal en Austin, Texas, solicitando que el gobernador y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas se abstengan en proceder con la ejecución hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente.
También se han realizado cartas que el secretario José Antonio Meade, el Embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y diversos legisladores federales dirigieron al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, solicitando la suspensión de la ejecución.
En el plano internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la Coalición Nacional Evangélica Latina, los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en EUA, la American Bar Association, el American Friends Service Comittee, y los Departamentos de Estado y Justicia de los EU dirigieron misivas apelando igualmente a la autoridades de Texas para suspender la ejecución de Tamayo Arias.
Asimismo, el pasado 15 de enero, el Embajador de México ante la Organización de Estados Americanos abrió el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la CIJ.
La Secretaría continuará asistiendo a familiares de Edgar Tamayo Arias. Algunas de las gestiones a favor de la familia incluyen el apoyo en la obtención de documentación de viaje para visitarlo en Texas, apoyo económico para su traslado, alimentación y hospedaje en esa ciudad y el acompañamiento en sus visitas a Edgar en la prisión. La familia Tamayo también cuenta con el apoyo del gobierno de Morelos.
“El gobierno de México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena, por lo que en el año 2000 creó el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos logrando a la fecha, evitar o revertir la imposición de la pena de capital en 868 casos”, señala el comunicado.