El Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar hasta el 31 de octubre el mandato de la misión de la organización que apoya la implementación de la paz en Colombia y ampliarlo para que pueda dar seguimiento a la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.
Naciones Unidas dio así respuesta positiva a una solicitud cursada en enero por el gobierno colombiano y apoyada por el partido de las FARC para que sus expertos se encarguen de vigilar el cumplimiento de esas sentencias.
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Lo hizo con una decisión unánime del Consejo de Seguridad, que previamente ya había expresado su respaldo a la propuesta llegada desde Bogotá.
Hasta ahora, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas ha mostrado siempre un amplio consenso en todo lo relacionado con el proceso de paz colombiano y respalda la labor de la misión puesta en marcha en 2017.
Su cometido es verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre el gobierno y las FARC, sobre todo la reintegración de los antiguos combatientes, un trabajo con el que la ONU da continuidad al esfuerzo que ya había hecho previamente para supervisar el proceso de alto el fuego y abandono de las armas al que se comprometió la guerrilla.
A esas funciones se sumará ahora la de dar seguimiento a las sanciones de la justicia transicional, algo que el presidente colombiano, Iván Duque, solicitó para garantizar que "se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición" y que se garantice la efectividad de los castigos.
En su resolución de hoy, el Consejo de Seguridad también prorrogó el mandato de la misión hasta el 31 de octubre de este año.
En los últimos meses, el Consejo ha expresado repetidamente su preocupación por los altos niveles de violencia que se dan en algunas zonas de Colombia y, sobre todo, por los asesinatos de ex combatientes de las FARC y líderes comunitarios.
Hasta ahora, el máximo órgano de decisión de la ONU no se ha pronunciado sobre las recientes protestas en el país, en las que han muerto al menos 27 personas durante las jornadas reivindicativas, según cifras de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
AESC