Colombia solicitó a la entidad fiscalizadora de empresas privadas inhabilitar por 20 años a la constructora brasileña Odebrecht para suscribir contratos con el Estado, por los actos de corrupción que reconoció haber cometido, y se opuso a un acuerdo para archivar las investigaciones contra la firma.
La petición a la Superintendencia de Sociedades fue hecha en una carta firmada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el director Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en la que aseguran que Colombia dispone de instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para imponer la sanción a la constructora brasileña.
"Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley", se lee en la carta.
El gobierno también manifestó su rechazo a un "Acuerdo de Reparación Integral" con Odebrecht, después que la compañía ofreció una compensación económica de unos 33 millones de dólares por los perjuicios generados a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a firmar contratos con el Estado.
"Permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga", precisó la misiva de los dos altos funcionarios del gobierno.
Odebrecht ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una docena de países. En Colombia, la empresa brasileña pagó unos 30 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia, según investigaciones de la Fiscalía General.
Alrededor de 14 personas, entre ex funcionarios del Estado y políticos, están en cárceles colombianas en medio del escándalo y la investigación. Odebrecht, en asociación con una firma local, tenía a cargo la construcción de un tramo de 528 kilómetros de una carretera hacia la costa Caribe, un contrato de más de mil millones de dólares.
No fue posible obtener ninguna reacción de Odebrecht en Colombia a la solicitud del gobierno para que inhabilite a la constructora brasileña. El escándalo se reactivó recientemente en el país sudamericano por la muerte de un testigo clave en la investigación y de su hijo, mientras se plantea la designación de un fiscal ad hoc para el proceso.