La comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras exculpó hoy de toda responsabilidad a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
El relator de la comisión, el diputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), afirmó en su informe final que "no hay cualquier prueba" contra Rousseff o contra Lula en los documentos que ha manejado la comisión parlamentaria.
El informe, que fue leído por Nóbrega, también exculpa del escándalo a los ex presidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y manifiesta que la petrolera fue "víctima de un cartel" formado por constructoras "con la complicidad de algunos malos funcionarios".
Informe, votado el jueves
El informe, que tiene 754 páginas, será sometido a votación el próximo jueves por la comisión, que está formada por 27 diputados, en su mayoría oficialistas, y que podría introducir enmiendas en el texto.
Según la Policía Federal, que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas. La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción se apropió en forma ilegal de unos dos mil millones de dólares.
El escándalo ha salpicado a medio centenar de políticos, entre ellos el ex tesorero del PT João Vaccari, quien ha sido condenado a quince años de prisión por haber cobrado sobornos en nombre del PT con fondos desviados de la petrolera.
No obstante, la comisión parlamentaria consideró en su informe que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron "superficiales" y las conclusiones de los investigadores, "exageradas", según palabras de Nóbrega de Oliveira.
Asimismo el informe consideró que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron "motivaciones de naturaleza personal", con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia.
Hasta ahora 44 personas han sido condenadas y otras 123 han sido acusadas formalmente ante la justicia ordinaria por el caso, según un recuento de la comisión parlamentaria. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, también ha denunciado ante el Tribunal Supremo a 49 políticos que tienen fuero privilegiado.
La comisión parlamentaria, que tiene por objetivo impulsar medidas legales para evitar nuevos casos de corrupción similares, sugirió la adopción de catorce propuestas legislativas, que incluyen un mayor control de la gestión de las empresas estatales y cambios en la ley anticorrupción.
Los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado febrero y concluyeron oficialmente hoy, pero el caso continúa siendo investigado por la Policía, por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo, órgano que ha asumido las acusaciones contra los políticos aforados.
Las corruptelas en la petrolera han generado una aguda crisis política y dado fuerza a la oposición para insistir en la apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, aunque hasta ahora ninguno de los pedidos en ese sentido ha prosperado.
Grupos piden juicio en las calles
Varios movimientos de oposición salieron hoy a las calles de seis ciudades brasileñas para pedirle al Congreso que acepte abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff.
Las marchas, convocadas por el movimiento Vem Pra Rua (ven a la calle) en seis ciudades, no tuvieron la adhesión de protestas pasadas y la más nutrida congregó a unas 600 personas en el centro de Sao Paulo.
Este lunes hubo actos similares en Maceió, Porto Alegre, Recife, Vitoria y Sao Carlos (estado de Sao Paulo) y a lo largo de la semana habrá otras nueve marchas contra Rousseff en diferentes ciudades del país.
En Sao Paulo los manifestantes marcharon por la Avenida Nove de Julho, en el acomodado barrio de Jardins, muchos de ellos con la cara pintada de los colores nacionales, verde y amarillo, portando carteles contra Rousseff o muñecos inflables inspirados en la figura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiario.
El coordinador de Vem Pra Rua, Rogerio Chequer, dijo a periodistas que los actos buscan "presionar" al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, para que admita a trámite alguno de los pedidos presentados por la oposición para que se celebre un juicio político contra Rousseff.
Hasta ahora Cunha ha rechazado once peticiones presentadas por la oposición al entender que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero todavía tiene pendientes otras tres solicitudes mejor fundamentadas jurídicamente que las hasta ahora archivadas.
Una de esas peticiones se fundamenta en las supuestas maniobras fiscales que realizó el Ejecutivo en 2014 para maquillar sus balances en ese año y agrega un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015.
La jornada de protestas del movimiento Vem Pra Rua continuará el martes en Belo Horizonte, un día después en Brasilia, Natal y Sao José do Río Preto (Sao Paulo); el jueves en Cuiabá, Curitiba, Recife, Río de Janeiro y Sorocaba (Sao Paulo); y el próximo lunes 26 se realizará una última marcha de nuevo en Recife.