El Congreso peruano rechazó el martes un pedido para remover a la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral a causa de las muertes ocurridas durante las protestas en su contra que empezaron a inicios de diciembre.
Apenas 37 legisladores votaron a favor del pedido mientras 64 lo hicieron en contra y 10 se abstuvieron. Se necesitaban como mínimo 52 votos para que la moción fuera admitida. La decisión mayoritaria de los legisladores archivó el pedido y una votación de reconsideración poco después tampoco fue admitida.
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Este era el primer pedido de destitución contra Boluarte, quien inició su gestión el 7 de diciembre en reemplazo del detenido ex presidente Pedro Castillo.
Más temprano el legislador izquierdista Hamlet Echevarría, uno de los impulsores del pedido, había argumentado que sobraban razones para la destitución. “Jamás en la historia del Perú un gobierno ha asesinado en tan poco tiempo a más de 60 (personas) en movilizaciones y protestas, un promedio de casi dos personas por día”, dijo.
Las protestas han dejado 67 muertos, 49 de ellos civiles en choques con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.
Echevarría añadió que Boluarte y sus ministros “no escatimaron en reprimir a punta de bala a los peruanos en las calles, peruanos que desde el 7 de diciembre se encuentran haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social”.
El legislador indicó que entre los "ejecutados" por las fuerzas de seguridad hay “siete menores de edad y ocho jóvenes menores de 20 años a quienes la señora Boluarte ha acusado de vándalos y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal”.
Por el contrario, el legislador derechista Alejandro Cavero manifestó que “hoy lo que pide el país es estabilidad”.
Si el pedido de destitución hubiera sido admitido, Boluarte habría tenido que asistir invitada al Parlamento para defenderse en persona o través de su abogado. Luego se habrían necesitado 87 votos de un total de 130 legisladores para destituirla.
La solicitud fue presentada en enero, pero líderes del Congreso -dominado por populistas de derecha- postergaron su inclusión en la agenda parlamentaria.
El antecesor de Boluarte, Castillo, fue destituido el 7 de diciembre por incapacidad moral permanente y está detenido preventivamente por 36 meses mientras es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y rebelión.