Los jueces de la Corte Penal Internacional declararon al comandante rebelde Mahamat Said Abdel Kani culpable de crímenes de lesa humanidad, por abusos y torturas a prisioneros en un centro de detención en la República Centroafricana.
Said, vestido con jeans azules y un suéter, permaneció impasible durante la mayor parte de la audiencia, que duró una hora, mientras la presidenta del tribunal, Miatta Maria Samba, describía las condiciones inhumanas que soportaron los detenidos en el penal en la capital, Bangui.
¿Qué se dijo en la audiencia?
Durante el juicio, algunos testigos describieron celdas hacinadas con paredes marcadas por “agujeros de bala y sangre” y dijeron que los azotaban “hasta que se hacían sus necesidades encima”, indicó Samba. Otras víctimas declararon que los mantuvieron recluidos en una habitación sin ventanas bajo las tablas del suelo de la oficina de Said.
Los cargos derivaron de los combates de hace más de una década entre los rebeldes Seleka, predominantemente musulmanes, que habían arrebatado el poder al entonces presidente Francois Bozize, y una milicia mayormente cristiana llamada antiBalaka.
Said se declaró no culpable cuando el proceso comenzó en 2021. Su sentencia, que podría ser de hasta cadena perpetua, se decidirá en una fecha posterior.
Lewis Mudge, director para África Central de Human Rights Watch, calificó la condena como un “hito significativo en la lucha contra la impunidad”, pero advirtió que el país aún enfrenta serios desafíos.
“El veredicto también es un duro recordatorio de los abusos que continúan en el país, y de la necesidad de un mayor apoyo tanto a los esfuerzos de justicia internacionales como nacionales para cerrar la brecha de rendición de cuentas que ayuda a alimentar ciclos recurrentes de violencia”, dijo en un comunicado.
Es probable que el veredicto sea el final del camino para la justicia en la CPI para las víctimas en la República Centroafricana.
¿Qué otros casos ha habido?
En 2022, el entonces fiscal jefe Karim Khan anunció que estaba cerrando la investigación de 15 años del tribunal sobre crímenes en el país, citando recursos limitados. Khan fue destituido de su cargo en julio por acusaciones de conducta sexual indebida.
En otros casos, dos altos dirigentes antiBalaka fueron condenados en julio de 2025 por múltiples cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba fue absuelto en una apelación en 2018, mientras que los cargos contra un exministro del gobierno de la República Centroafricana fueron retirados en 2023.
Otros acusados han sido procesados por un tribunal creado especialmente en la República Centroafricana. La Corte Penal Especial se estableció para juzgar crímenes de guerra y otros abusos de derechos humanos cometidos durante los golpes de Estado y la violencia que el país ha experimentado desde 2003.
A principios de este año, el tribunal inició un proceso contra el expresidente François Bozizé por cargos de crímenes de lesa humanidad. El juicio se celebra en ausencia porque Bozizé vive exiliado en Guinea-Bissau.
Respaldado por las Naciones Unidas y con jueces internacionales, el tribunal emitió su primer veredicto en 2022. Desde entonces ha imputado a más de 30 personas, casi todas las cuales están detenidas.
Entre ellas está Edmond Beina, quien también era buscado por la CPI por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su juicio en la Corte Penal Especial sigue en curso, después de que rechazó un intento de la CPI de extraditarlo a La Haya.
A pesar de sus éxitos, la Corte Penal Especial enfrenta un posible cierre después de que el gobierno de Donald Trump retiró el financiamiento de Estados Unidos el año pasado.
Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, advirtió que cerrar el tribunal sería catastrófico para la justicia en la República Centroafricana.
“A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los tribunales nacionales aún carecen de los recursos y la capacidad para asumir el mandato que la SCC ha estado llevando a cabo”, dijo.
Los partidarios han instado a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a ayudar a extender el mandato del tribunal y proporcionar financiamiento.
LJ