La Paz, capital boliviana, es sacudida por fuertes protestas que iniciaron hace tres semanas y no dan tregua.
Un ejemplo fue la marcha masiva de trabajadores que atravesó la metrópoli este jueves 21 de mayo en reclamo por la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses de mandato. Participaron organizaciones juveniles, campesinas, indígenas y movimientos sociales convocados por la Central Obrera Boliviana (COB).
El rechazo al gobierno de Paz comenzó en diciembre, luego de que se le quitara el subsidio a los combustibles que llevaba dos décadas de vigencia, lo que elevó el precio del diésel 170 por ciento sin ser acompañado por un aumento salarial.
Desde entonces hubo bloqueos de rutas impidiendo el acceso a la capital, una de las formas tradicionales de protesta social en el país desde mediados del siglo pasado.
Esa decisión significó una muy temprana ruptura entre el mandatario Paz y el vicepresidente, Edmund Lara, quien en sus redes sociales había publicado una declaración en la que amenazó, indirectamente, diciendo “los tiranos al final van a caer y lo harán en el mismo pozo que ellos están generando”.
¿Qué desató el descontento contra gobierno de Paz?
Entre los últimos días de marzo y los primeros días de abril hubo dos decisiones gubernamentales que potenciaron el malestar ciudadano. El 30 de marzo, el Presidente emitió un decreto que abre el mercado eléctrico a empresas privadas, tanto en la comercialización internacional como en la producción, incorporando al agente privado del mercado eléctrico a la determinación del precio de la energía.
A pesar de que Paz afirma que no privatizaría ni concesionaría la electricidad, hidrocarburos ni minerales críticos, el decreto fue considerado por los movimientos políticos como una cesión de soberanía energética.
Pocos días después, el mandatario promulgó una reforma del régimen de tenencia de pequeñas propiedades campesinas, habilitando una nueva forma de registro que implicaría el pago de nuevos impuestos y permitiría la concentración de tierras. Esa ley fue derogada por él mismo rápidamente ante las protestas que suscitó, pero esto no alcanzó para mitigar los reclamos de los sectores populares.
Y es que el malestar popular no comenzó con el gobierno de Paz. Durante 2025, Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países con mayor tasa de inflación (después de Venezuela y Argentina), pero el Presidente asumió su administración imponiendo un fuerte ajuste económico que fue recibido como un golpe directo a los sectores populares, quienes reclaman que no cumplió con sus promesas electorales.
El impacto en el bolsillo de los trabajadores a partir del aumento del diésel se vio agravado por un tráfico de combustible adulterado, que produjo graves daños en los vehículos, cuyo costo tuvo que ser afrontado por sus propietarios. También la devaluación del bolívar frente al dólar impactó directamente en el costo de vida.
Bloqueo y represión
Desde comienzos de este mes, cuando la COB llamó a una huelga general sin plazo determinado, han confluido en La Paz distintos conflictos. Se organizaron marchas indígenas y campesinas desde Beni y Pando (que recorrieron aproximadamente mil kilómetros de distancia) contra normas que consideran una amenaza para sus territorios, la propiedad de la tierra campesina, el desabastecimiento de combustible y la crisis económica.
También hubo reclamos sindicales y laborales por salarios, así como demandas sociales por el ajuste presupuestario y el empeoramiento de la atención pública, especialmente en materia de salud.
El bloqueo de rutas, ya por quienes marcharon caminando durante cientos de kilómetros como por los sectores de El Alto, ciudad satélite en la que viven los sectores populares de La Paz, fue eficaz a la hora de encender las alarmas dentro de la inestable administración.
El gobierno no ha dictado el estado de excepción; sin embargo, ha reprimido a los manifestantes, dejando cuatro muertos y decenas de heridos, y deteniendo a cerca de 150 activistas durante las manifestaciones en el centro de la capital.
Paz acusa a Evo Morales de ser uno de los principales dirigentes detrás de estas protestas, buscando poner a parte de la opinión pública a su favor, ya que el expresidente tiene una orden de detención, acusado de trata y tráfico de personas.
En los últimos días, Morales ha declarado en distintos medios que la protesta “es una sublevación del pueblo contra el modelo neoliberal y el estado neocolonial” y que “la única forma de pacificar Bolivia es con una sucesión constitucional”, llamando a elecciones en los próximos 90 días.
El impacto en la región
Varios gobiernos de extrema derecha han manifestado su apoyo directo al Presidente boliviano. Desde Estados Unidos hasta Argentina, ha habido declaraciones sobre la actual crisis.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, hizo público su apoyo irrestricto a Paz, asegurando que su gobierno no permitirá “que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, en alusión a Evo Morales y su relación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que expulsó de su país en 2008.
Por su parte, dos presidentes radicalizados, el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast, enviaron ayuda con alimentos para La Paz, pero Morales denunció, también, que el contingente ordenado por Buenos Aires puede haber llevado también apoyo de armas y efectivos para reforzar los mecanismos represivos.
Esas denuncias no fueron comprobadas pero, en 2019, otro gobierno de derecha en Argentina, el de Mauricio Macri, envió armamento bélico para apoyar al golpe de Estado contra Morales. La entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ahora es parte del círculo chico de Milei en Buenos Aires.
Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha manifestado su apoyo a los reclamos de quienes se movilizan en Bolivia. Frente a ello, el gobierno de Rodrigo Paz declaró “persona non grata” a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García Carrillo, y la expulsó de su país.
En reciprocidad, Colombia anunció que el embajador boliviano se retirará de Bogotá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento de la conflictividad social en Bolivia, lamentó la muerte de personas que no habrían recibido atención médica de emergencia a causa de los cortes, y puso atención en 19 agresiones contra trabajadores de la prensa.
“El Estado debe garantizar el derecho a la protesta y, ante bloqueos prolongados que comprometen el derecho a vida, salud o aprovisionamiento de alimentos, priorizar el diálogo político, asegurando que el uso de la fuerza sea el último recurso”, reza la publicación del organismo.
MD