Los peruanos aún esperan los resultados de las elecciones que se realizaron hace más de dos semanas. Resta contar menos del 4 por ciento de los votos, pero no está asegurado quién llegará a la segunda vuelta para confrontar con la candidata derechista Keiko Fujimori.
Por escasas veinte mil boletas, el candidato de centro izquierda Roberto Sánchez aventaja al de extrema derecha José López Aliaga.
Fujimori llega por cuarta vez a un balotaje —fue derrotada en las tres elecciones anteriores— con 17 por ciento de los votos mientras Sánchez, con 12 por ciento, supera por apenas 0.1 por ciento a López Aliaga.
Los bajos porcentajes que recibieron quienes tienen posibilidades de presidir Perú por los próximos cinco años muestran la poca representatividad de cualquiera de los 36 candidatos que compitieron por el voto popular el 12 de abril.
El problema de esa escasa representación, y de la incapacidad de construir alianzas estables entre los distintos sectores políticos, se hace evidente en la crisis institucional que ha vivido Perú durante los últimos 10 años. En este período hubo ocho mandatarios, de los cuales solo dos, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, fueron elegidos constitucionalmente.
Este último fue destituido y reemplazado por Dina Boluarte, quien a su vez fue separada del cargo en octubre de 2025 y asumió José Jerí Oré, que resignó el cargo en manos de José María Balcázar hace apenas dos meses. Esta inestabilidad institucional hace visible el conflicto entre el régimen presidencialista y el Congreso, el cual tiene amplias facultades para destituir al jefe de Estado.
Dos semanas de indefiniciones
El conteo de votos avanzó con mayor lentitud de lo habitual desde el inicio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a difundir resultados la misma noche de los comicios pero el ritmo de procesamiento se desaceleró rápidamente.
Esto se debió, en parte, al elevado número de actas que presentan inconsistencias formales y requirieron verificación. También influyó la marcada tardanza registrada en el traslado de actas desde zonas rurales y amazónicas, pues muchas llegaron con días de retraso.
En esos primeros días fueron muchas las denuncias de irregularidades que se hicieron desde distintos partidos políticos, los cuales señalaron presunta manipulación de votos, inconsistencias en el registro y problemas en la cadena de custodia del material electoral.
Como resultado de estos cuestionamientos, el 21 de abril, aún en pleno recuento de votos, renunció el presidente de la ONPE, Piero Corvetto. En su carta de dimisión reconoció los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral y el procesamiento de actos.
“Quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, dijo.
Este conjunto de situaciones derivó en una denuncia en su contra por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien lo investiga por omisión de funciones, al renunciar mientras el proceso electoral no había finalizado, y también por su posible participación en alguna situación de corrupción. El fiscal pidió el arresto de Corvetto, a la par del allanamiento de su domicilio, así como de funcionarios del Jurado Nacional Electoral (JNE).
Entre los investigados también se encuentra el gerente de la empresa Galaga, responsable del traslado del material electoral y culpabilizada por el retraso del proceso. No es un dato menor que, pese a ser la opción más costosa, la compañía ganó el contrato frente a otros dos postulantes. De todos ellos se requisaron equipos electrónicos e informáticos y se levantó el secreto de las comunicaciones que hayan mantenido entre ellos.
Esta semana, luego de conocerse información que revelaría el vínculo mantenido por el propio Corvetto, antes del otorgamiento del contrato, con los funcionarios de Galaga, el candidato López Aliaga, quien quedaría afuera de la segunda vuelta por menos de 30 mil votos, informó en conferencia de prensa que solicitó la nulidad del proceso electoral.
Un conflicto institucional inesperado
El martes 21 de abril, el presidente peruano, Ricardo Balcázar, anunció que no concretaría la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, que la Fuerza Aérea peruana había acordado el día anterior con la compañía estadunidense Lockheed Martin. Este anuncio desató un conflicto político que expuso tensiones entre el Ejecutivo, las fuerzas armadas y diversos sectores del sistema político.
Ahora quedará en manos del próximo gobierno la decisión de erogar, algo que el mandatario interno considera imprudente hacer en este contexto de incertidumbre política.
Luego del anuncio presidencial, renunciaron el canciller, Hugo de Zela, y el ministro de Defensa, Carlos Díaz; ambos involucrados en el acuerdo.
Sectores de la oposición criticaron haber postergado lo que consideran una decisión clave para la defensa nacional, sosteniendo que esa negociación con Washington estaba avanzada desde hace varios meses y podría afectar la credibilidad del país como socio estratégico.
Incluso el primer ministro, Luis Arroyo, declaró que el Presidente es responsable de respetar y hacer cumplir los acuerdos alcanzados por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Posteriormente, el Ministerio de Economía transfirió 462 millones de dólares como parte del primer pago del contrato.
Muchos actores sociales y políticos vieron detrás del conflicto institucional posibles presiones políticas y geopolíticas, en medio de versiones cruzadas sobre el costo real de la operación, las condiciones de financiamiento y la conveniencia de priorizar otras necesidades presupuestarias.
El tema escaló en el Congreso, donde se promovieron pedidos de informes y se planteó la posibilidad de interpelar a funcionarios del área de Defensa. Incluso las autoridades del legislativo declararon abierto el proceso de vacancia del presidente Balcázar, por lo que fue considerada la destitución del cuarto presidente en el actual periodo de gobierno.
El caso de los F-16, que se instaló como eje de disputa política en el escenario ya tensionado por el proceso electoral, refleja la dificultad gobernar en el marco de la debilidad institucional peruana.
MD