Acorralada por la justicia y el hartazgo social frente a la corrupción, la ex presidenta y senadora Cristina Fernández accedió a que un juez allane varias de sus propiedades en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de negociados con la obra pública durante su gestión.
El anuncio a través de redes sociales ocurre justo en momentos en que la justicia cierra el cerco sobre ex funcionarios y empresarios por el pago de sobornos a cambio de contratos millonarios con el Estado durante los 12 años de gestión kirchnerista y en simultáneo con una multitudinaria manifestación frente al Congreso en reclamo de su desafuero como senadora para que rinda cuentas ante la justicia.
El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, solicitó al Senado autorice el ingreso de agentes judiciales a las propiedades de Fernández en Buenos Aires y en el sur del país. Tras la fallida sesión hace una semana, la Cámara Alta tiene previsto tratar el asunto este miércoles.
Un día antes, la ex presidenta (2007-2015) comunicó a sus pares del Senado en un escrito que “no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío”.
“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, agregó.
La legisladora aclaró que aceptará los allanamientos ordenados por el juez, pero bajo determinadas condiciones. Entre ellas, que el procedimiento judicial se haga sin cámaras de televisión ni fotográficas “para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”.
También solicitó la presencia de un senador “designado por mí, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo”.
Y en tono irónico reclamó que “Bonadío no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”.
Días atrás Fernández, de 65 años, negó en un escrito presentado ante la justicia haber cometido delito. La senadora peronista acusó a Bonadío de conformar una trama de persecución política contra su figura en sintonía con el gobierno del actual mandatario Mauricio Macri.
Pese a las denuncias en su contra, la mayoría de los sondeos señalan a Fernández como la única contrincante de peso contra el presidente Macri si éste buscara la reelección en 2019. Los analistas sostienen que hay un 30% de la población que todavía apoya a Fernández por las políticas de inclusión social que impulsó durante su gestión.
JOS