Defensores de los derechos de los migrantes criticaron una serie de arrestos que según agentes federales de deportaciones tenían por objeto acorralar a delincuentes en el sur de California, pero los activistas creen que representan un cambio en la aplicación de la ley migratoria con el gobierno de Donald Trump.
Los activistas comenzaron a atender llamadas telefónicas de migrantes y sus abogados que reportaban redadas en casas y negocios el jueves en el área metropolitana de Los Ángeles. En una de ellas, los agentes tocaron a una puerta en busca de un individuo y acabaron arrestando a otro que está en el país ilegalmente pero no tiene antecedentes penales, algo que probablemente no habría pasado antes, según Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (conocida como CHIRLA por sus siglas en inglés).
"Esto no fue normal", declaró Salas a los periodistas el viernes.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a unas 160 personas durante cinco días de operativos en el sur de California enfocados en los migrantes con antecedentes penales y órdenes de deportación, incluido un pandillero salvadoreño buscado en su país y un narcotraficante brasileño.
David Marin, director para operaciones del ICE en actuación policial y deportación en el área metropolitana de Los Ángeles, dijo que la agencia efectúa este tipo de operativos dos o tres veces al año en la región que él supervisa.
"Estos operativos llevan semanas y a veces meses de planeación, así que esta operación estaba en las etapas de planeación antes de que el gobierno emitirá las actuales órdenes ejecutivas", dijo Marin a periodistas.
Indicó que se llevaron a cabo operativos similares esta semana en Atlanta, Nueva York y Chicago.
Marin dijo que 151 de los arrestados en el sur de California tenían antecedentes delictivos. Cinco personas no se hubieran ubicado dentro de las prioridades de actuación policial en el gobierno del presidente Barack Obama, pero fueron arrestadas porque se detectó que estaban ilegalmente en el país, agregó.
Los arrestos fueron anunciados días después de que una mujer de Arizona fue detenida y deportada a México después de lo que ella pensaba era una cita de rutina con las autoridades de inmigración. Las comunidades de inmigrantes viven en vilo desde que Trump firmó un decreto para incrementar las deportaciones.
Hace una década, las autoridades de inmigración que buscaban a individuos específicos con frecuencia arrestaban a otros que se encontraran por el camino, una práctica criticada por los activistas. Bajo el gobierno de Obama, los agentes también realizaban arrestos de improviso, pero se enfocaban más en las personas que buscaban.
En los suburbios de Los Ángeles, Manuel Mosqueda, un pintor de casas de 50 años de edad, se encontraba en su vivienda cuando su prometida abrió la puerta al escuchar que tocaban, con la idea de que se trataba de la policía, dijo su hija Marlene, de 21 años.
"Buscaban a alguien más y en el proceso se llevaron a mi papá", afirmó.
Karla Navarrete, una abogada del CHIRLA, aseveró que trató de impedir que Mosqueda fuera subido a un autobús rumbo a México y que el ICE le dijo que las cosas habían cambiado. Navarrete señaló que otro abogado interpuso papeles judiciales ante una corte federal para detener su expulsión.
Salas declaró que la agencia proporcionó escasos detalles a los abogados que se dirigieron al centro de detención tras recibir las llamadas telefónicas, y mencionó que en el pasado era más abierta a dar información sobre sus operaciones.
Algunos legisladores demócratas del estado censuraron los arrestos y exhortaron a los inmigrantes a conocer sus derechos y a informarse sobre qué hacer si las autoridades federales se les acercan.