Cinco hombres irán a la cárcel por el descarrilamiento intencional de un tren de carga en Cuba. El Tribunal Provincial de La Habana sentenció a cuatro de ellos a penas de entre 17 y 24 años en prisión y a otro a tres años, al considerarlos culpables del delito de sabotaje, informaron este jueves medios estatales de la isla.
El suceso ocurrió en mayo de 2019, cuando el tren transitaba por una doble vía ferroviaria entre La Habana y el puerto occidental de Mariel, sin ocasionar víctimas pero sí daños materiales por un monto total de 400 mil pesos en moneda nacional, equivalentes a unos 16 mil 666 dólares al cambio oficial, según indicaron las autoridades judiciales.
En el juicio -celebrado el 24 de diciembre de 2020- se expuso que uno de los encausados contactó con dos cubanos residentes en Estados Unidos, uno de los cuales prometió darle mil dólares si descarrilaba alguno de los trenes que enlazan la Zona de Desarrollo del Mariel con La Habana, y además debía entregar un vídeo del hecho.
Una nota de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal habanero también refirió que en la noche del 25 de mayo de 2019 cuatro de los implicados desprendieron y separaron uno de los raíles de la línea férrea, mientras otro de ellos observaba desde un lugar próximo.
Esa acción provocó que descarrilara el tren de carga que se dirigía desde la Terminal de Contenedores del Mariel -centro empresarial y puerto situado 45 kilómetros al oeste de La Habana- con destino al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas.
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Medios estatales reportaron tras el suceso que, entre otros daños, quedaron afectados más de 250 metros de un carril de la vía férrea por donde circulaba.
Los jueces del caso aplicaron, por el delito de sabotaje, sanciones de entre tres y 24 años de prisión tras considerar "la gravedad de los actos ilícitos cometidos por los procesados, sus características y condiciones personales, así como las restantes circunstancias concurrentes en los hechos".
Además, en todos los casos se impusieron las sanciones accesorias, que contemplan la prohibición de los derechos públicos y las restricciones migratorias, referidas a la emisión de pasaportes y salida del territorio nacional.
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El informe indica que contra la sentencia dictada, los sancionados pueden establecer el recurso de casación, que la ley autoriza ante el Tribunal Supremo Popular de la isla.
DMZ