Cuba espera en vilo el falló de un tribunal londinense que esta semana concluyó sus deliberaciones para determinar si el grupo CRF I Limited es acreedor de una millonaria deuda contraída por la isla en los años 80 del siglo pasado, veredicto que si fuera adverso agudizaría la crisis económica del país caribeño.
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“Nuestra posición sigue siendo la misma. CRF es un fondo buitre, no es nuestro acreedor, ni nunca lo ha sido. CRF lo que ha hecho es intentar apropiarse de posiciones de deuda cubana mediante actos ilícitos”, aseguró el titular de Justicia de Cuba, Oscar M. Silvera Martínez, quien participó el jueves pasado en el último día de deliberaciones en Londres.
La jueza Sara Cockerill ha advertido que el veredicto “podría demorar” por el flujo de asuntos que dirime ese tribunal, según han reconocidoo las dos partes en litigio.
No obstante, el ministro cubano admitió que si el fallo fuera contrario a su país “se intentaría impedir el libre flujo de fondos desde y hacia Cuba y con ello bloquear de forma efectiva el acceso del país a los mercados financieros internacionales”.
La falta de moneda dura y la constante renegociación de su deuda externa forman parte de la crisis económica, energética , inflacionaria, de escases de alimentos, medicinas y transporte público que padece Cuba, agudizada por la pandemia de covid-19, el reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos y la inefectividad de las reformas emprendidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para sacar al país del hueco en que ha caído.
La defensa cubana
La defensa cubana se basa en que CRF I Limited es “un fondo buitre” que presuntamente intentó hacerse de la deuda de 72 millones de euros contraída por la isla con otros acreedores mediante métodos “ilegales y fraudulentos”.
“Existen, incluso, evidencias, documentos que se han mostrado durante el proceso, que demuestran que el fondo buitre, intencionalmente, en un momento tan delicado como lo fue el paso del huracán Irma (2017), pretendía presionar a Cuba para obtener el pago de una deuda de la que no es titular, y, además, establecer esta reclamación judicial”, dijo el ministro Silvera.
Entre los testigos presentados por Cuba figuró Raúl Olivera Lozano, a quien tribunales de la isla sancionaron a 13 años de cárcel por haber sido “sobornado” por el grupo demandante a fin de que le traspasara la deuda contraída con otros acreedores.
Olivera Lozano afirmó por vía telemática al tribunal que “incumplió sus responsabilidades” al autorizar el traspaso “sin consultar previamente” al gobierno cubano e identificó a Jeetkumar Gordhandas, consultor de CRF I como la persona que prometió pagarle 25 mil libras esterlinas a cambio.
Otros funcionarios de la banca cubana fueron separados de sus cargos por su vinculación “negligente” con este asunto.
Posición de los demandantes
Los letrados que representan al fondo CRF expusieron por su parte cómo ese grupo se hizo con la deuda cubana de 1982, adquiriéndola del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), con negocios con La Habana, al tiempo que intentaron demostrar que esa entidad “no es un fondo buitre”.
Argumentaron la creación del fondo “en 2011 bajo las leyes de Islas Caimán con el propósito” de adquirir deuda de Cuba, luego de que el entonces presidente Raúl Castro manifestara la intención de renegociar el débito externo del país caribeño, que en 1986 su hermano y mandatario de la isla ese año, Fidel Castro, decidió dejar de pagar.
Según CRF, ese grupo "gradualmente adquirió una cartera de deuda soberana cubana valorada en 188 millones de euros para el 31 de marzo de 2016, y en mil 200 millones para el 26 de noviembre de 2017".
Asimismo fueron presentados presuntos correos electrónicos relativos al caso y en uno de fecha 13 de junio de 2019, Londa Caridad Martí, de quien se dice era jefa entonces del departamento de Deuda Exterior del Banco Nacional de Cuba, habría anunciado:
"Aceptamos en principio la cesión de ICBC a CRF I Limited y solicitamos que se nos proporcionen los documentos necesarios sobre CRF".
Al cierre de 2020, la deuda externa de Cuba se calculaba en unos 28 mil 671 millones de dólares estadunidenses, conformada por un adeudo pasivo o de largo plazo y uno activo o corriente.
ledz