La controvertida decisión de la Corte Suprema de Argentina, que podría retrasar el inicio del primer juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner previsto para el 21 de mayo, sacudió el escenario político en medio de un año electoral y generó críticas de oficialistas que apuntaron a la búsqueda de proteger a la principal dirigente opositora y eventual candidata presidencial.
La Corte Suprema pidió al tribunal a cargo del juicio a Cristina Fernández la víspera del expediente en el que la actual senadora está imputada por acusaciones de corrupción para evaluar los recursos interpuestos por la acusada y otros imputados en la causa.
La medida se produjo a sólo cinco meses de las elecciones en las que la ex mandataria se perfila cada vez con más fuerza en las encuestas como principal rival del presidente Mauricio Macri, que buscará la reelección.
Cuatro de los miembros del máximo tribunal, con la excepción del su titular Carlos Rosenkrantz, señalado como afín al gobierno, solicitaron "con carácter de urgente” el expediente al tribunal federal para analizar las medidas tomadas por otras instancias judiciales sobre los recursos planteados por los procesados en los últimos meses.
Cristina Fernández de Kirchner, de 66 años y quien gobernó de 2007 a 2015, está imputada supuestamente de haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado y haber recibido sobornos a cambio. Junto a ella están procesados el empresario de la construcción Lázaro Báez y más de una docena de ex funcionarios y empresarios.
El fiscal Diego Luciani, quién gestó la causa del primer juicio contra la ex mandataria por corrupción, la imputó de “múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos".
Indicó que la dirigente peronista y otros acusados habrían dado un trato preferencial a empresas de Báez para obtener obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz, lo cual supuso "la obtención de un rédito económico indebido y un perjuicio patrimonial multimillonario al Estado nacional".
En medio del alto impacto que tuvo la decisión judicial, Macri afirmó el miércoles en un acto público que “todos queremos progresar y que eso sea reconocido y queremos que no haya impunidad”.
Para el oficialismo la decisión de revisar un largo expediente, lo que puede llevar bastante tiempo, podría evitar la imagen de Fernández sentada en el banquillo con el desarrollo de audiencias judiciales semana tras semana en el crucial periodo previo a la definición de las candidaturas y durante la posterior campaña electoral.
La ex mandataria y actual senadora, quien afronta varias causas por supuesta corrupción, es la líder opositora mejor posicionada en las encuestas, pues en las últimas semanas mayor apoyo electoral, en que los principales candidatos figuran el actual presidente Mauricio Macri, y el ex ministro de economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna.
Sin embargo, también es rechazada por una parte de la población que "nunca votaría" por ella en una eventual segunda vuelta.
Fernández todavía no ha formalizado su candidatura, pero sus allegados ya dan por hecho. Ella se considera “perseguida” por fiscales y jueces que impulsan causas en su contra a pedido de Macri.
Las imputaciones en su contras las ha negado y había cuestionado ante el máximo tribunal que instancias judiciales inferiores le habrían denegado diversas medidas de prueba como la presentación de más testigos y la realización de un análisis comparativo de las empresas que se beneficiaron con contratos de obras públicas durante su gestión.
La decisión de la Corte “es extraña, por lo menos, y tiene un gran condimento político", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La Oficina Anticorrupción presentó un escrito reclamando que no se suspenda el inicio del juicio y un fiscal solicitó al máximo tribunal que garantice el inicio del proceso.
Varios juristas se sumaron a los cuestionamientos. El constitucionalista Gregorio Badeni dijo al canal Todo Noticias que aunque la Corte tomó una decisión “válida” desde el punto de vista del derecho, “no es usual porque su doctrina es que no interviene hasta que no haya una sentencia definitiva y aquí no la hay”.
Afirmó que lo “más razonable” sería que la Corte le pida al tribunal que subsane las resoluciones pendientes durante el juicio que se estima que durará más de un año.
“La Corte tiene que medir los efectos políticos de sus decisiones”, sostuvo Badeni, quien indicó que mientras existen ex presidentes latinoamericanos condenados y presos, en Argentina “no hay una respuesta del Poder Judicial que deje más o menos satisfecha a la población”.
Para el jurista Daniel Sabsay, la decisión “beneficia” a una casi segura candidata de la oposición en momentos en que podría cambiar el signo político en Argentina debido a un regreso de Fernández al poder.
Sin embargo, otros expertos señalaron que la actuación de la Corte debe interpretarse como “un resguardo” de las garantías del proceso para evitar futuras nulidades en el juicio.
Políticos cercanos a la ex presidenta celebraron. “Los ánimos están caldeados en el gobierno tras quedarse sin la foto de la ex presidenta en el banquillo de acusados, la estrategia que tenía el Ejecutivo para el inicio de la campaña electoral”, dijo el ex jefe de gabinete de Cristina, Aníbal Fernández.
Algunos opositores señalaron, en tanto, que la decisión de la Corte evita que Fernández sea vista como una víctima del gobierno y también favorece a Macri al garantizar “la polarización electoral” entre el mandatario y la ex presidenta.
dmr