Una demanda presentada el miércoles 20 de mayo por estudiantes y organizaciones comunitarias en Massachusetts sostiene que el estado mantiene ilegalmente escuelas segregadas por raza, al concentrar a estudiantes afroamericanos y latinos en distritos de alta pobreza con menos oportunidades.
Dicha petición impugna la práctica del estado de asignar a los estudiantes a escuelas basándose únicamente en dónde viven, lo que puede llevar a reproducir patrones de segregación residencial en sistemas escolares.
Litigio expone desigualdades educativas
El caso es el ejemplo más reciente de los esfuerzos por abordar la discriminación y las desigualdades de financiamiento mediante litigios a nivel estatal.
Incluso antes de que el gobierno de Trump comenzara a tomar medidas para eximir a distritos del sur de esfuerzos de marginación, las iniciativas de integración ya habían quedado muy rezagadas con respecto a su auge décadas atrás, cuando el gobierno federal intervino en sistemas escolares en todo el país.
Los demandantes incluyen a nueve estudiantes y cuatro organizaciones comunitarias de distritos escolares segregados en todo Massachusetts, entre ellos Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Éstos colindan con otros más acomodados y predominantemente blancos, en los que los demandantes no pueden inscribirse.
En respuesta, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts indicó que no tiene autoridad para cambiar los límites de los distritos escolares, ni la facultad de obligar a las escuelas a permitir la inscripción de estudiantes de otros distritos.
En una declaración, señaló que la administración estatal ha invertido en esfuerzos para reducir las brechas en las tasas de graduación y que buscó inversiones adicionales para distritos de alta pobreza.
“Massachusetts lidera a la nación en el rendimiento estudiantil, y estamos comprometidos a aprovechar este progreso para fortalecer nuestro sistema educativo para cada estudiante en nuestro estado”, declaró la vocera, Jacqueline Reis.
Los solicitantes sostienen que Massachusetts está fallando a los estudiantes afroamericanos y latinos.
Contexto histórico de brechas educativas
Un informe de 2024 de un consejo asesor estatal concluyó que el 63 por ciento de todas las escuelas en Massachusetts están parcial o completamente segregadas, y que el departamento estatal de educación no cumplió con sus deberes de supervisión.
Las escuelas con mayores concentraciones de estudiantes de color registraron peores resultados en métricas como la graduación y el ingreso a la universidad.
Aunque la constitución estatal garantiza a los estudiantes el derecho a una educación adecuada y a la igualdad de protección ante la ley, en la práctica no lo ha garantizado para los estudiantes afroamericanos y latinos, indicó Jillian Lenson, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, que presentó la demanda junto con Brown's Promise.
“No es el potencial de los estudiantes, son las condiciones de sus escuelas las que impulsan estos resultados dispares, situación que el estado ha mantenido y perpetuado durante décadas”, señaló Lenson.
La solicitud, presentada ante un tribunal estatal de Massachusetts en el condado de Suffolk, pide obligar al estado a abordar las disparidades surgidas de las normas que asignan estudiantes a escuelas en las zonas donde viven.
Gedá Jones Herbert, asesora jurídica de Brown's Promise, explicó que la demanda no busca una integración obligatoria, sino una inversión en prácticas respaldadas por evidencia que beneficien a todos los estudiantes.
Entre ellas se incluyen ampliar los programas regionales de escuelas públicas e invertir más en aquellas con recursos insuficientes.
El estado cuenta con escuelas vocacionales regionales y traslados voluntarios entre distritos, pero un sistema complejo de exenciones y el tamaño reducido de la mayoría de los programas impiden un acceso equitativo, sostuvieron los demandantes.
“A los estudiantes afroamericanos y latinos se les bloquea el acceso a esas oportunidades, y eso es inconstitucional”, apuntó Jones Herbert.
Defensores buscan remedios
Otros ejemplos recientes de litigios a nivel estatal también se han centrado en abordar la desigualdad urbana.
En 2018, la Latino Action Network y el capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), entre otros, presentaron una demanda argumentando que el sistema del estado de asignar a los estudiantes según su residencia ha creado escuelas segregadas por raza.
En Minnesota, una denuncia de 2015 sostuvo que el aislamiento de las escuelas en Saint Paul y Minneapolis derivó en educaciones inadecuadas y disparejas para estudiantes de color.
Ambos casos han seguido su curso en los tribunales estatales, sin una resolución decisiva.
Los casos estatales se producen en medio de cambios en la aplicación federal de la desegregación escolar. Para comienzos de la década de 2000, una serie de fallos de la Corte Suprema había limitado de manera significativa las herramientas disponibles para que los distritos integrarán de forma sustantiva las instituciones sobre la base de la raza.
Las constituciones estatales, que incluyen cláusulas sobre la igualdad y la educación, pueden servir como vía para impugnar la segregación que resulta de la economía y de los patrones de vivienda, indicó Robert Williams, profesor emérito de derecho en la Universidad Rutgers.
“El gobierno lo sabe, pero no es el que lo hace directamente", sostuvo Williams.
"Estos casos sostienen que tener tantos distritos escolares diferentes alineados con los patrones de vivienda y leyes indicando que tienes que ir a la escuela donde vives, todo eso, en cierto modo, equivale a segregación gubernamental”, agregó.
LGG