El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este martes que las próximas elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024 y que sean observadas por la Unión Europea.
Mediante observadores internacionales como la Unión Europea, pero sin dejar espacio para que inhabilitados políticos puedan postularse.
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En el documento, suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega, la delegación del presidente Nicolás Maduro y la llamada Plataforma Unitaria proponen que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional.
La fecha de las elecciones la define el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya directiva fue renovada en agosto.
El documento pide una actualización del registro electoral, incluido en el extranjero, una petición de la oposición, y que se inviten a misiones técnicas de observación electoral.
Entre ellas, la Unión Europea, muy criticada por el chavismo tras su observación en las regionales de 2021, el panel de expertos electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
Las negociaciones entre el gobierno y la coalición opositora Plataforma Unitaria comenzaron en agosto de 2021 y desde entonces se han interrumpido en dos oportunidades.
La última en noviembre de 2022, luego de que la delegación de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3 mil millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.
"Este el primer paso de un acuerdo mucho más amplio que está en plena evolución su construcción y su ejecución", celebró el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez.
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"Hoy firmamos un importante acuerdo, damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto", señaló por su parte Gerardo Blyde, representante de la oposición.
Inhabilitados contra las cuerdas
Las inhabilitaciones políticas, bandera para la oposición que las tacha de inconstitucionales, se mantienen.
El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
De esta forma, María Corina Machado, la favorita a ganar las primarias de la oposición, no podría formalizar su candidatura contra Maduro pues sobre ella pesa una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.
Blyde habló de una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad, pero Rodríguez fue tajante en cerrar la puerta.
"Si usted cometió un crimen y fue sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato, y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde que es la Contraloría, pues tampoco puede ser candidato", zanjó.
Mariano de Alba, asesor senior del International Crisis Group, dijo a la AFP que era improbable que las inhabilitaciones fueran resueltas.
IDM