La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó que el próximo 6 de junio acudirá a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogada, como parte de la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron en su país durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.
En un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Boluarte sostuvo que su intención es contribuir a "esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible".
"Confirmo mi participación en la fecha indicada", añadió el documento difundido por medios locales, tras lo cual indicó que ha decidido no utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno y acudirá "presencialmente a la Fiscalía de la Nación".
La fiscalía citó inicialmente a Boluarte para este 31 de mayo aunque luego, a pedido de la gobernante, cambió la fecha de su declaración para el próximo 6 de junio.
La mandataria remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general, Patricia Benavides: "es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley. Ratifico mi vocación de contribuir con la presente investigación para esclarecer los hechos, a fin de que, la ciudadanía obtenga paz y justicia, por lo que, a pesar de la inmunidad presidencial consagrada en el artículo 117 de la Constitución, confirmo mi participación en la citada diligencia", concluyó.
La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares contra la gobernante y varios de sus ministros y ex ministros el pasado 10 de enero, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La presidenta aseguró que acudirá a la sede del Ministerio Público para responder a "cada una de las preguntas de la fiscal" y que no se va a acoger al derecho a guardar silencio porque, según dijo, "la primera persona que quiere sabe qué pasó con los fallecidos (...) es Dina Boluarte".
Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del presidente del primer ministro, Alberto Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los ex ministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
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Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.
Se reanudan las protestas... y despliegan a la policía
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado a más de 4 mil agentes en distintos puntos de la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, donde gremios y organismos sociales han convocado a una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Los manifestantes mantienen su pliego petitorio que pide la renuncia de la presidenta.
Medios locales informaron que desde la madrugada grupos de personas acataron la protesta en Puno, a casi mil 300 kilómetros de Lima, que comprenderá movilizaciones en distritos y provincias, en las que han confirmado su participación la Central Única de Barrios de Puno y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).
Al respecto, el jefe de la X Macro Región Policial en Puno, Enrique Monroy, informó en la emisora RPP que los policías se encargan de la seguridad ciudadana y el resguardo de las instituciones públicas y privadas, incluido el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, que fue reabierto a fines de abril pasado tras permanecer cerrado durante más de tres meses por las protestas antigubernamentales que se presentaron desde enero.
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Convocan a un "paro seco"
Según sus organizadores, se ha convocado a un "paro seco", que comprende la paralización de las actividades económicas, comerciales, educativas y de transporte, lo que incluirá el bloqueo de vías y puentes en la región.
Los primeros reportes indicaron que en el sur de la región grupos de pobladores aimaras bloquearon el Puente Internacional que une con Bolivia, en la localidad de Ilave, mientras que en el norte se reportó un bloqueo en la Carretera Interoceánica.
Además, se informó de bloqueos en carreteras en los distritos de Ayaviri y Huancané, mientras que las actividades se desarrollan con normalidad en las ciudades de Puno y Juliaca, las principales de la región, donde trabaja el transporte público y se han abierto los mercados.
Al respecto, el presidente del autodenominado Consejo Anticorrupción de Puno, Fernando Salas, aseguró en la emisora Radio Exitosa que en las próximas horas se harán manifestaciones en todas las plazas de la región y dijo que "no hay posibilidad de diálogo con el gobierno de Dina Boluarte".
En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de año y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo en diciembre pasado.
Con respecto a la intervención de las fuerzas del orden, manifestó que se deberá hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
SNGZ