La diócesis católica de Ogdensburg, en el norte del estado de Nueva York, anunció su bancarrota tras las 138 denuncias por supuestos abusos sexuales a menores presentadas contra un número indeterminado de sacerdotes, sumándose así a otras diócesis del estado que deben afrontar el pago de indemnizaciones por las conductas criminales de sus religiosos.
"Si no se solicitara el concurso de acreedores, la Diócesis se enfrentaría a estas acciones civiles en un proceso lento, impredecible y costoso que requeriría años de procesos judiciales", aseguró el obispo de Ogdensburg, Terry R. LaValley
El obispo insistió en varias ocasiones en que la bancarrota "es lo mejor para resolver las reclamaciones pendientes y continuar al mismo tiempo" la "misión como diócesis".
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LaValley, que pide perdón "por el sufrimiento causado por los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y otro personal eclesiástico", asegura que en la diócesis se sintieron "sorprendidos por el número de denuncias presentadas, pero incluso un incidente de abuso es demasiado".
Las autoridades del estado de Nueva York abrieron entre agosto de 2019 y agosto de 2021 una ventana legal que permitía a todas las personas que habían sufrido abusos durante su infancia denunciar a sus abusadores incluso si el delito había prescrito.
Cientos de personas se querellaron contra diferentes diócesis y parroquias del estado en demandas millonarias.
Diócesis como la de Buffalo, Rochester, Syracusa, Albany y Rockville ya se han acogido a la bancarrota para hacer frente a estas denuncias.
La diócesis de la Iglesia católica de Buffalo, acusada de encubrir numerosos casos de abuso sexual infantil por parte de miembros del clero durante años, acordó en octubre del año pasado con las autoridades someterse a control externo para garantizar que rinde cuentas en el futuro.
Este acuerdo fue anunciado por la Fiscalía de Nueva York, que tras una investigación de dos años acusó en 2020 a la diócesis y a dos de sus dirigentes, de negligencia en la gestión de las denuncias de abuso sexual infantil, lo que se tradujo en la protección a los supuestos sacerdotes pedófilos de eventuales acusaciones.
"Solicitar la reorganización permite a la diócesis continuar con sus programas, servicios y ministerios. Nos permite seguir pagando a nuestros empleados y jubilados. Debemos seguir centrándonos en nuestras relaciones con Cristo mientras resolvemos las reclamaciones que se han presentado", agregó el obispo.
LaValley también explicó que desde el cierre de la ventana legal, la diócesis ha logrado resolver catorce denuncias, mediante el cierre de acuerdos o la desestimación de los casos.
aag