La situación política y social en Ecuador atraviesa un escenario complejo y se hace evidente la radicalización del presidente Daniel Noboa, quien parece refugiarse en el apoyo de Donald Trump para sostener su legitimidad.
En el plano político, a instancias del mandatario, en marzo de este año el Tribunal Electoral dictaminó la inhabilitación del partido Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa.
Esto se continúa con acciones que, articulando organismos electorales y al propio partido de Noboa, promueven impugnaciones judiciales individualmente a los candidatos del correísmo.
Por este motivo, el partido llamó al voto nulo en algunas regiones del país, buscando demostrar el escaso apoyo con el que cuenta el presidente.
El poder de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico ha ganado terreno con la secuencia de gobiernos de derecha que comenzó en 2017. El ajuste en los gastos de seguridad derivó en la pérdida del control de las cárceles por parte del aparato estatal en favor de estos grupos criminales.
El fin de la comandancia civil de la seguridad, que fue encomendada a las fuerzas policiales y militares, más la apertura a la importación irrestricta de armas, produjo un cambio rotundo en la seguridad: los homicidios cada 100 mil habitantes saltaron de 6.4 en 2015 a 51 en 2025, multiplicándose ocho veces.
Además de haberse sumado al proyecto Escudo de las Américas del presidente Trump, una coalición militar para erradicar los cárteles criminales que abre la puerta a la intervención militar de Washington en los países miembros, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, definió a Noboa como su mejor aliado en la región.
Con el apoyo del gobierno y bajo el supuesto ataque a narcotraficantes, Fuerzas Armadas de EU bombardearon al menos seis embarcaciones de Ecuador desde el mes de agosto, la mayoría de ellas naves de pescadores humildes de la región de Manta.
Bajo la misma lógica, el presidente ecuatoriano acaba de decretar la semana pasada el estado de excepción en ocho provincias, con lo cual se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio, además de un toque de queda nocturno, que limitará totalmente la libertad de circulación nocturna.
Desde la asunción del actual mandatario, en 2023, la libertad de prensa en Ecuador ha estado amenazada. En el informe anual que presenta la organización regional Fundamedios se registran seis asesinatos de periodistas y comunicadores durante 2025, además de 231 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información pública. Entre enero y junio de 2026 se documentaron 100 agresiones contra la libertad de expresión, en 46 de las cuales el Estado fue identificado como agresor.
El correísmo inhabilitado
En marzo de 2026, el Tribunal Electoral inhabilitó al movimiento RC para participar en elecciones por nueve meses. Simultáneamente, el gobierno anticipó las elecciones de prefectos y alcaldes, que debían realizarse en febrero de 2027, y las fijó para el 29 de noviembre, lo que impidió a la RC presentarse con sus propias listas de candidatos.
Eso llevó a que cinco partidos progresistas e indigenistas renunciaran a 2 mil 200 candidaturas en todo el país para cederles los espacios a los candidatos del correísmo. En respuesta, el gobierno avanzó en impugnar las candidaturas individualmente, siendo la más resonante la de la dos veces candidata presidencial Luisa González (2023 y 2025).
Para Andrés Arauz, excandidato a presidente en 2021 por Revolución Ciudadana, “lo más probable que ocurra es que ellos sean descalificados por argumentos irrisorios, que no puedan ser candidatos y que de esa manera Noboa tenga control de todo el territorio. Es un ataque brutal a la democracia ecuatoriana”.
La principal víctima de los ataques del gobierno fue González, candidata a prefecta de Manabí, a la que inhabilitaron judicialmente al igual que al candidato alternativo, Jaime Estrada.
Esto fue lo que llevó al partido a promover el voto nulo en la tercera provincia más importante del país. En Ecuador, si se anulan más de la mitad de los votos, la elección debe repetirse.
Amenazas a la prensa
“La libertad de expresión se ha deteriorado muy rápidamente y está bajo un estado de amenazas de diferentes lados”, asegura Isabela Ponce, directora del medio GK. Este año comenzó con la intervención de la editora de Diario Expreso y Diario Extra por parte de la superintendencia de compañías, en una maniobra de presión del gobierno sobre medios que lo investigan.
Periodistas como Hernán Higuera, reportero de Ecuavisa, abandonaron pesquisas en casos de corrupción luego de que aumentaran las amenazas directas e involucraran a sus familiares.
Recientemente, Roberto Aguilar, periodista del Diario Expreso, fue separado el mismo día en que publicó una columna donde analizaba un video del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.
A comienzos de septiembre, la comunicadora Gisella Bayona anunció su retiro del periodismo luego de sufrir presiones mediante información falsa del propio presidente Noboa.
La difusión de información falsa es una de las estrategias del gobierno de Noboa, según sus opositores.
“El gobierno busca desacreditar con campañas de desinformación a los medios y a los periodistas, creando plataformas de desinformación y pseudomedios, que son básicamente voceros del gobierno”, explica Ponce.
Los denunciantes señalan que, sostenido por el gobierno estadunidense, Noboa, como la mayoría de sus aliados en la región, ha incrementado los ataques a la prensa, limita el ejercicio democrático y viola sistemáticamente los derechos humanos, ya que bajo su mandato se incrementaron las desapariciones forzadas en manos de las fuerzas armadas.
DG