El autogolpe fallido de Perú

La odisea del dictador peruano Pedro Castillo duró apenas dos horas, el tiempo transcurrido entre que anunciara al país que disolvía el Congreso y decretaba estado de emergencia y toque de queda y su detención por los policías anticorrupción en la Procuraduría cercana al que había sido su Palacio presidencial. Una deriva sin igual para la historia de los tiranos de América Latina, desde los milicos del Cono Sur, incluido Augusto Pinochet, hasta los actuales Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel o Daniel Ortega.

A Castillo, uno de los líderes de la actual oleada de presidentes izquierdistas en el continente americano, nadie le hizo caso en su locura, acorralado por un sinfín de escándalos de corrupción que confirman la putrefacción de su mandato y a pocas horas de la votación que iba a realizar al Congreso para destituirle. Ni los militares ni la policía ni ninguno de los poderes públicos respaldaron al maestro de Cajamarca llegado al poder por las casualidades del destino al frente del partido marxista Perú Libre (PL), el principal defensor de las actuales dictaduras latinoamericanas.

Una soledad patente tras fracasar su autogolpe, que evocaba al protagonizado por Alberto Fujimori en 1992, pero sin ningún argumento para llevarlo a cabo. Vestido con una chaqueta azul, cabizbajo, sentado junto a su ex primer ministro Aníbal Torres el Rasputín de su Administración–, fue exhibido en una fotografía de la policía con una tira negra sobre sus ojos como cualquier delincuente. A su alrededor, los policías y fiscales anticorrupción que ya habían abierto seis investigaciones contra el ex presidente por escándalos de corrupción que no sólo le involucran a él, sino también a varios de sus familiares y a su círculo más íntimo. Derrotado por el Estado de Derecho, su destino será la cárcel, el mismo de Fujimori, el padre de quien  fuera su rival electoral en las presidenciales del año pasado.

«En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia», había subrayado poco antes el presidente en su alocución al país. Tembloroso y tan peleado con las palabras como en otras intervenciones, Castillo dictó las primeras medidas para «disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Ejecutivo de emergencia excepcional», además de convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna en un plazo no mayor de nueve meses.

Castillo pretendía gobernar a través de decretos, suspendiendo derechos e imponiendo el estado de excepción. La imposición de una nueva Constitución fue una de las promesas de la campaña de su partido marxista Perú Libre.

Ya durante el fin de semana los rumores de autogolpe sobrevolaron Lima tras conocerse la dimisión del ministro de Defensa. Pero ayer mismo por la mañana se conoció otra dimisión, la del comandante general del  ejército, Walter Córdoba Alemán, como consecuencia de las presiones sufridas justamente por el nuevo titular de Defensa. Sabedor de sus escasos apoyos, el maestro de Cajamarca llamó a asociaciones, rondas campesinas y sectores sociales a respaldar su decisión.

La decisión de Castillo provocó una oleada de rechazo vista pocas veces en el país andino. El primero en salir del Gabinete fue el canciller, César Landa, quien comunicó en sus redes sociales que «en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución». Tras Landa fue el ministro de Justicia, Félix Chero, hasta ayer mismo recalcitrante defensor de Castillo, quien decidió dimitir de forma irrevocable.

Los ex presidentes también salieron a la palestra, algunos cercanos ideológicamente al ahora destituido como el izquierdista Ollanta Humala: «Castillo es un dictador, es una vergüenza para el país de alcance internacional. Terminará como todos los dictadores».

Minuto a minuto, a un ritmo endiablado, el Estado de Derecho se empeñaba en desobedecer al presidente golpista. Hasta Vladimir Cerrón, líder del PL y su principal apoyo, reconoció que su amigo se había precipitado «porque no había votos para la vacancia».

Sólo faltaba que los militares confirmaran lo que ya se intuía en los círculos políticos de la capital: jamás se unirían a la deriva sin rumbo del maestro. «Somos respetuosos del orden constitucional establecido. Cualquier acto contrario al orden constitucional genera el no acatamiento», adujeron. Tanto el Comando de las Fuerzas Armadas y de la Policía dejaron claro que no apoyaban la locura de Castillo.

El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y las principales instituciones se sumaron al repudio general. Ni siquiera el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Morales, se ahorró ninguna palabra: «El señor Castillo ya no es presidente del Perú, no creo que nadie en su sano  juicio pueda mantener esa postura», enfatizó el juez.

Ya sólo faltaba que el Congreso oficializara el cambio de rumbo en el país. «Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador», abrió la sesión del Parlamento su presidente, José Williams. Reunido de emergencia antes de la hora prevista, el Congreso votó de forma casi unánime en contra de su disolución, incluyendo pequeñas sentencias personales.

«¡Porque el pueblo peruano siga en democracia!», «¡Por la libertad y la Constitución!», «Por la democracia en nuestro país», incluso con llamamientos a la Asamblea Constituyente pero «en democracia» de un antiguo aliado. El resultado sobrepasó los 87 votos necesarios para la destitución de Castillo: 101 a favor, seis en contra y 10 abstenciones. Castillo ya estaba cesado, como sucediera con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. La sucesora, Dina Boluarte, que se negó a formar parte como ministra del último Gabinete del que era vicepresidenta y que se había deslindado en parte de Castillo, aclaró su postura nada más conocer el golpe de su compañero: «Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

Boluarte se convirtió anoche en la primera mujer presidenta en el país inca. Juró su cargo ante el mismo Congreso que había destituido a Castillo y anunció que gobernará hasta el final del mandato, en 2026. «Solicito una tregua política para instaurar un Gobierno de unidad nacional, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno», a la vez que se anunció dispuesta a extirpar el «cáncer de la corrupción».

La moraleja de lo sucedido en Perú, país que ha roto récords de castigos judiciales para sus presidentes, la dio el predecesor de Castillo, el centrista Francisco Sagasti, de inmaculada gestión: «Queda claro que nuestras instituciones y grupos sociales valoran la democracia. Todos rechazaron muy rápido el intento de violación de la Constitución».