La Cámara Federal de Argentina confirmó este jueves el embargo de 5.6 millones de dólares que Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tenía en cajas de seguridad y cuentas bancarias.
El fallo de esta instancia rechazó así la apelación que había realizado la joven para que le devolvieran la fortuna que forma parte del patrimonio que investiga la justicia en una de las causas en contra de la ex mandataria argentina.
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En julio pasado, el juez Julián Ercolini resolvió favorablemente el pedido de la fiscalía que había solicitado el embargo de 4.6 millones de dólares que la joven guardaba en una caja de seguridad, más un millón de dólares que tenía en una cuenta bancaria.
La decisión forma parte de las medidas tomadas en el marco de las investigaciones judiciales en contra de Fernández, quien enfrenta denuncias por perjuicio a la administración pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El fallo de Ercolini consideró que la ex presidenta entregó los millonarios fondos a su hija para que la justicia no pudiera congelarlos, lo que finalmente no pudo evitar.
La joven había pedido que la justicia abriera sus cajas de seguridad para terminar con el “show mediático” en el que se habían convertido las causas judiciales contra su familia, pero el resultado fue contraproducente.
Un juez allanó el banco en el que se encontraban las cajas de seguridad y en una de ellas encontró los 4.6 millones de dólares en efectivo, que Cristina Fernández ya había revelado que estaban en poder de su hija y explicado por qué cambió sus ahorros en pesos a dólares.
El magistrado Claudio Bonadío ya había embargado los bienes y cuentas bancarias de Fernández, por lo que ahora la ex mandataria no puede disponer de su fortuna.
En respuesta, Florencia Kirchner publicó una carta en la red social Facebook en la que denunció que “desde hace meses se intensificó la persecución a mi familia con una saña nunca antes vista (...) sé muy bien por qué estamos siendo perseguidos, no es algo que me sorprenda”.
Insistió en que “los procedimientos judiciales que se vienen llevando a cabo contra mi familia violan todas las normas legales. No hay nada que justifique lo que están haciendo ni la manera en que lo hacen. Eso se llama abuso de poder”.
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