La justicia argentina ordenó tasar todas las propiedades de la sociedad Los Sauces, que se dedica al alquiler de inmuebles y de la que la ex presidenta Cristina Fernández es accionista, en una causa por supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Esta decisión se da la misma semana en la que se realizó el embargo de la casa donde habita Fernández (2007-2015) en Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, así como otros de los inmuebles de la empresa, con el objetivo de conocer "fehacientemente" su valor, informaron a fuentes judiciales.
Es así que el juez federal Claudio Bonadío, encargado de la causa, decidió que se avance en la misma línea con el resto de propiedades, como las ubicadas en el selecto barrio Puerto Madero de Buenos Aires, que la ex presidenta, a través de la sociedad, le alquila al empresario Cristóbal López.
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La causa Los Sauces surgió tras una denuncia presentada en abril pasado por la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra la ex jefa de Estado y su hijo, Máximo Kirchner -también accionista de la sociedad- por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública.
Stolbizer considera que se pudo utilizar la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir transferencias millonarias de los empresarios contratistas del Estado Lázaro Báez - actualmente detenido por presunto lavado de dinero- y Cristóbal López, mediante arrendamientos de esas propiedades.
Bonadío y el fiscal del caso, Carlos Rívolo, buscan saber a cuánto ascienden los activos de la firma y conocer si los alquileres que los empresarios pagaban coinciden con los valores de mercado.
En mayo pasado, tras producirse la denuncia, Rívolo acusó a la ex presidenta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y poco después añadió a la acusación supuesto cohecho a Fernández, Báez y López.
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Además, se ordenó analizar el papel de Máximo Kirchner y en junio Bonadío ordenó el allanamiento de 11 inmuebles en la provincia de Santa Cruz.
Los operativos de esta semana, realizados por miembros del cuerpo de peritos tasadores de la nación, se hicieron sin contratiempos ya que se permitió el acceso a las propiedades, aunque fuentes jurídicas señalaron que de encontrar negativas para hacer su trabajo, existe la posibilidad de que subsidiariamente se dicte una orden de allanamiento.
Hasta el momento, si bien Stolbizer ya pidió que se llame a declarar como investigada a la ex presidenta y su hijo, fuentes de la Fiscalía afirman que es algo que todavía no está previsto.
AFC