El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este jueves adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, arriesgándose a la caída del gobierno de su primera ministra en una moción de censura y a un recrudecimiento de las protestas.
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"No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones", dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al anunciar entre gritos de los diputados opositores el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, ante el temor de no lograr los votos necesarios en la Asamblea.
Tras conocerse la decisión, varios miles de personas se congregaron en la plaza de la Concordia, a cientos de metros de la Asamblea, para protestar contra la reforma y contra el uso de este mecanismo legal, cuyos detractores consideran antidemocrático.
"El 49.3 fortalece necesariamente un poco la determinación", dijo Ruben, un estudiante de Ciencias Políticas de 20 años. "Estoy harto. Nos movilizamos desde hace semanas y la única respuesta del gobierno es usarlo", lamentó.
La 100ª activación desde 1958 de esta polémica herramienta podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que ya estudian convocar "nuevas manifestaciones" después de dos meses de protestas masivas, dijo el líder de la CFDT, Laurent Berger.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
Durante el Consejo de Ministros que autorizó el uso del 49.3, el presidente estimó que no se podía jugar "con el futuro del país" y que "los riesgos financieros y económicos eran muy grandes" para perder la votación, según participantes en la reunión.
La segunda economía de la Unión Europea (UE) tiene una de las edades de jubilación más bajas del bloque y enfrentaría, según el gobierno, un déficit en el futuro en la caja de las pensiones, que esta reforma busca paliar.
"Francia tiene un sistema que no es sostenible", dijo el ministro socialista de Seguridad Social español, José Luis Escrivá, asegurando que ha tardado en reformarlo. En España, la edad de jubilación será de 67 años en 2027.
- Moción de censura -
La única manera de impedir ahora su aplicación es que los diputados aprueben una moción de censura contra el gobierno, que se debatiría en los próximos días. La líder ultraderechista Marine Le Pen ya anunció la presentación de una.
"Es la constatación de un fracaso total" para Macron, agregó su rival en el balotaje de la pasada elección presidencial. Según los sondeos, el partido de Le Pen sale reforzado del pulso sobre las pensiones.
Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar Francia, se juega con esa reforma poder aplicar su programa durante su segundo mandato.
Con el visto bueno asegurado en el Senado, que la aprobó en la mañana, el gobierno se esforzó en convencer al puñado de diputados oficialistas y a la "veintena" de su aliado de derecha Los Republicanos (LR) aún reticentes. Pero sin éxito.
El líder de este partido, Éric Ciotti, indicó que no apoyarán ninguna moción de censura, aunque Aurélien Pradié, uno de los diputados reacios, aseguró que "se lo pensará".
El grupo de diputados independientes LIOT estudia presentar una moción de censura, si el gobierno no retira la reforma. Esta podría recabar el máximo número de apoyos posible, pero es incierto si lograría tumbar al gobierno.
"El gobierno estaba ante dos malas soluciones": arriesgarse a un voto y perder, y activar el 49.3, indicó Antoine Bristielle, experto en opinión pública de la Fundación Jean Jaurès, para quien el camino escogido "dará un segundo impulso" a las protestas.
El nuevo episodio en la saga de las pensiones llegó cuando las huelgas prorogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y el transporte perdían fuerza, pese a las fuertes imágenes de las toneladas de basura acumuladas en París.
Si la moción de censura fracasa y se adopta así la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.