En una decisión que puede marcar la ruta para la demanda que el gobierno de México mantiene contra fabricantes de armas, familiares de nueve víctimas de la Escuela Primaria Sandy Hook, llegaron a un millonario acuerdo en el litigio civil contra de Remington, fabricante del rifle estilo BushmasterAR-15 utilizado por Adam Lanza en diciembre del 2012 en la masacre que dejó 28 víctimas, entre alumnos, empleados y el propio tirador y su madre.
Es la primera vez en la historia que un fabricante de armas se hace responsable de los daños causados por un tiroteo masivo. Aunque en la presentación judicial no se habla del monto fincado en el arreglo, la agencia AP aseguró que ronda los 73 millones de dólares.
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Remington igualmente aceptó que las familias divulguen documentos utilizados en la demanda, incluidas las formas de cómo se comercializó el artefacto, para prevenir a padres y autoridades sobre futuros tiroteos masivos. Familiares de víctimas y sobrevivientes de Sandy Hook, demandaron a la empresa en el 2015, aduciendo que “nunca debieron haber vendido un arma tan peligrosa al público”.
Los abogados de las víctimas se enfocaron en demostrar cómo se comercializó la R-15 usada por Lanza, alegando que dicha publicidad estaba dirigida a jóvenes que miraban dichos productos en videojuegos violentos.
“Considere la reemisión de su tarjeta de hombre”, era una de las frases con que Remington se anunciaba y aunque la empresa consideró que no había pruebas para establecer que su comercialización tuviera algo que ver con el tiroteo, la Corte Suprema de Connecticut dio entrada a la demanda. Después el fabricante apeló en la Corte Suprema de Estados Unidos, que se negó a escuchar el caso.
El acuerdo toma relevancia de cara a la demanda que el gobierno mexicano entabló en una corte de Massachusetts en contra de once fabricantes a los que acusa de “prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal a México”. Uno de los puntos que debe demostrar la demanda del gobierno mexicano es “el derecho que tiene para demandar a los fabricantes de armas” además de probar las presuntas afectaciones.
Por su parte, abogados de las empresas acusadas por México, han pedido al juez que desestime la acusación alegando que el gobierno federal “carece de legitimación”, que no ha probado “el presunto comercio negligente, que la denuncia no incluye una sola alegación que involucre que un arma de fuego “fue traficada a México y usada por la delincuencia organizada” y también acusan que el gobierno federal “ha basado su alegato en una cadena de eventos vagos y sin fundamento y que involucra a presuntos actores no relacionados”.
El movimiento para fortalecer el control de armas en los Estados Unidos cada vez gana más adeptos y al parecer la alianza se ha extendido hasta la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden ha prometido meter a revisión la llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas.
Por lo pronto, el llamado dado a conocer hace uno minutos en Connecticut sienta un precedente importante de cara a la restitución de daños que busca el gobierno mexicano.