La familia de una administradora de propiedades que fue baleada fatalmente durante el intento de desalojar a otra persona de su vivienda en Arizona el año pasado presentó una queja contra el condado, exigiendo una compensación de 50 millones de dólares.
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Un abogado de la familia de Angela Fox dice en la querella que la agente del condado Deborah Martinez-Garibay tenía en su organismo cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y alcohol cuando ocurrió el tiroteo y que además estaba siendo investigada por fraude, reportó el domingo el diario Arizona Republic.
Fox, de 28 años, era administradora de propiedades para una compañía administrativa en Tucson que poseía los Lind Commons Apartments.
Fox fue con Martinez-Garibay para sacar de su vivienda a Gavin Lee Stansell el 25 de agosto del año pasado.
Una queja y solicitud de desalojo presentada 10 días antes por el casero ante tribunales en el condado Pima decía que Stansell había amenazado e intimidado a vecinos con una pistola en julio.
La policía de Tucson dijo que Stansell, de 24 años, mató a tiros a Fox, a Martinez-Garibay y a un vecino en el complejo de viviendas antes de suicidarse.
La queja, que precede a una demanda, dice que Martinez-Garibay sabía que Stansell poseía un arma de fuego y a pesar de eso obligó a Fox a acompañarla.
Martinez-Garibay, de 43 años, fue contratada en marzo de 2022, luego que su predecesor al parecer renunció por la frustración de desalojar a personas de sus viviendas.
Abogados de la familia de Fox dicen en la queja que Martinez-Garibay no tenía la aptitud para ejercer el cargo porque no había recibido el entrenamiento relevante.
El reclamo dice además que después de que Martinez-Garibay fue contratada, se descubrió que había falsificado firmas en las peticiones para postularse al cargo y no era residente del Precinto 8 del condado, como se le requiere a todos los candidatos.
Entre los denunciados están también la Fiscalía General de Arizona y la Junta de Ética y Estándares para Agentes de Propiedades de Arizona.