La mayoría del Tribunal Supremo de España confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a los ex presidentes socialistas de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el llamado caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), el mayor fraude en la concesión de ayudas socio laborales públicas que se ha producido en el país europeo.
De esta manera, el alto tribunal español resolvió los recursos presentados por los 19 ex altos cargos de la Junta (gobierno) de Andalucía condenados a finales de 2019 tras la vista oral en la que se enjuició la legalidad del procedimiento específico con el que la Administración autonómica repartió al menos 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009 para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis a través del denominado fondo de reptiles.
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De cuerdo a fuentes jurídicas, la decisión afecta especialmente a Griñán (76 años) ya que, además de la pena de 15 años de inhabilitación especial para cargo público, fue condenado a seis años de cárcel por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación. Su defensa ya anunció que pedirá el indulto.
Sobre Chaves pesa una única pena de nueve años de inhabilitación para cargo público, lo que no tendrá consecuencias prácticas porque está retirado de la vida política. Tanto él como Griñán pidieron la baja como militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en junio de 2016, tras la imputación judicial que les envió al banquillo.
En 2019, la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis.
Un sistema que se extendió entre los años 2000 y 2009 y que siguió adelante a pesar de los múltiples reparos, entre otros, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Estos millones de euros se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias igualmente irregulares y evitando la mayoría de los controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores.
Contra la sentencia del Tribunal Supremo no cabe recurso dado que es la última instancia judicial. Sin embargo, la prensa local, que cita fuentes jurídicas, pronostica que Griñán, un histórico del socialismo español, puede eludir la cárcel ya que el gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano indultarle. El Código Penal permite suspender el cumplimiento de la pena hasta que se resuelve una petición de indulto.
La ratificación de la sentencia de los ERE, cuyo texto definitivo es probable que no se conozca hasta septiembre.