En España hay confusión por entrada de la “ley del sólo sí es sí”

Los representantes de la oposición han lanzado varias críticas a las autoridades por la medida.

Policía Nacional de España | EFE
José Antonio López
España /

En España sigue la polémica y la confusión por la entrada en vigor de la ley de garantía de la libertad sexual (conocida como “ley del solo sí es sí”), que ya ha provocado la rebaja de al menos 11 condenas de abusos sexuales debido a la diferente interpretación de los jueces.

La “ley del solo sí es sí”, fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero, del partido Podemos, socio de gobierno del presidente Pedro Sánchez, y a cuya ministra le exigen la dimisión por criticar a los jueces a quienes acusó de machistas por la rebaja de condenas.

También los organismos conservadores y partidos políticos de oposición piden la dimisión de Montero debido a que en varios casos las penas a violadores y pedófilos han sido reducidas hasta tres años.

Los magistrados explican en sus resoluciones que las rebajas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Irene Montero piensa diferente, es decir, declaró que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”, y defendió la calidad del texto legal. La titular del departamento que ha elaborado la norma considera que el machismo puede nublar “la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia” y “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.

Gobierno dispuesto a rectificar

Todo esto ha provocado la enésima discrepancia entre el Ejecutivo de Sánchez y su socio. Mientras el Ministerio de Igualdad rechaza introducir cambios en la “ley del solo sí es sí”, desde la casa presidencial de La Moncloa mantienen la puerta abierta a reformar la ley si persisten esas relecturas de los jueces.

La intención que tienen en el ala socialista del gabinete es analizar las sentencias y esperar a que se pronuncien instancias superiores de la justicia para determinar si es necesario introducir algún cambio legislativo para evitar las reducciones de las penas.

De hecho, el presidente Sánchez dejó claro que no quiere ir demasiado rápido y apuesta por esperar antes de decidir “qué pasos dar”.

“Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, dijo desde Bali (Indonesia) al acabar la cumbre del G-20 en la que se ha mostrado confiado, no obstante, en la “sensibilidad” de los jueces.

Lo mismo declaró la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), María Jesús Montero, que abogó por “estudiar las sentencias y el texto legal”. “No era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, todo lo contrario”, expresó.

La nueva ley, que se gestó tras el caso de La Manada, cuando este grupo de jóvenes sevillanos (uno va a pedir ya reducción de condena) violó a una chica de 18 años en Pamplona, hace desaparecer el delito de abuso sexual, de tal forma que cualquier acto sin consentimiento es considerado agresión e impone una horquilla de penas diferente, que en su momento el Ministerio de Igualdad defendió por considerarla menos punitiva, por la que las penas mínimas de algunos delitos descienden y algunas otras, al unir abuso sexual y agresión, aumentan.

La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo es el motivo por el que se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas.

La magistrada Lara Esteve, señaló que al unirse los dos tipos delictivos en un solo tipo, la agresión, el tipo básico de agresión que se recogía en la ley anterior al “solo sí es sí” reduce el límite máximo de la pena: pasa de 1 a 5 años en la antigua normativa, a 1 a 4 años con la nueva legislación.

También se modifican las penas por agresión sexual con penetración, aunque en este caso el mínimo, ya que antes este delito, en su tipo básico, era de 6 a 12 años, mientras que en la nueva norma es de 4 a 12 años.

Del mismo modo, ha señalado que en los diferentes agravantes que pueden suponer una pena mayor sobre el delito de tipo básico -si los hechos los cometen dos o más personas, si hay una situación de vulnerabilidad o el agresor es cónyuge o ex cónyuge de la víctima, entre otras- “la regla general en la mayor parte de las conductas es la educción de la pena salvo algunas excepciones”, en relación a la normativa que estaba en vigor anteriormente.

En resumen, de acuerdo a los juristas, existe una especie de vacío legal en esta nueva ley que habrá que afinar para que no se preste a la interpretación y suceda lo que está ocurriendo, es decir, que violadores y pedófilos vena reducidas sus penas.

Lo que dice la ley

La ley del “solo sí es sí" surgió tras el famosos caso de La Manada, integrada por un grupo de chicos sevillanos que durante las fiestas de San Fermín (Pamplona), en el 2016, violaron a una chica de 18 años.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

La norma hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, según el documento legal.

De esta manera, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Tras su aprobación, Irene Montero declaró que ahora “ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”.

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