El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles 3 de junio al nuevo ministro de Defensa, en medio de la tensión política que atraviesa el país tras un mes de protestas con bloqueos de rutas que exigen su renuncia.
Ernesto Justiniano asumió el cargo en reemplazo de Marcelo Salinas y, en su primer discurso, afirmó que su principal objetivo será restablecer la normalidad y la estabilidad en el país.
Declaraciones del nuevo responsable en el cargo
"No venimos a actuar por impulso, venimos a actuar con prudencia, firmeza y responsabilidad. Bolivia no necesita más violencia; merece paz, presencia del Estado, abastecimiento, seguridad y convivencia democrática”, sostuvo destacando la labor de las fuerzas armadas.
Hasta ahora Justiniano se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, cargo obtenido desde que lideró en marzo la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, luego entregado a Estados Unidos.
A su turno, Paz convocó nuevamente al diálogo a los sindicatos que protestan con bloqueos viales que han causado millonarias pérdidas al sector productivo y provocado escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustibles a La Paz.
Según informes del gobierno, siete personas murieron por falta de atención médica por los cortes de carreteras y vías.
Asimismo, el mandatario anunció que envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para regular el Estado de excepción.
“Nuestra policía nacional, Fuerzas Armadas y el gobierno van a ser acción humanitaria para cambiar esta situación. Nosotros no venimos del concepto de la violencia”, señaló.
El líder (que en mayo había cambiado a su ministro de Trabajo) expresó que habrá otras modificaciones en su administración luego de las críticas de que su gabinete no tenía representación de todos los sectores.
“Agradezco a aquellos servidores que han estado, pero serán cambios también en un proceso de inclusión”, mencionó.
Principales afectaciones en la capital
La ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es la más castigada por las protestas y la víspera se declaró en emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días.
Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Las protestas han polarizado al país entre quienes piden una pronta solución del conflicto y la Central Obrera Boliviana, que lidera las manifestaciones junto a sindicatos campesinos, juntas vecinales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Paz y han rechazado dialogar con el gobierno.
Quienes alegan que sus reclamos sectoriales y de un aumento salarial no fueron atendidos a tiempo.
Los empresarios estimaron las pérdidas en cerca de 2 mil millones de dólares.
LGG