El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy la proposición de ley para abolir la prostitución, presentada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que contó, entre otros, con el apoyo del conservador Partido Popular (PP).
La propuesta de ley, a la que aún le queda un largo recorrido, pretende perseguir de forma penal el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución. Este hecho ha enfrentado tradicionalmente al movimiento feminista y el PSOE, que ha hecho bandera de su abolición.
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En un país en el que la prostitución se beneficia de un vacío jurídico que permite el funcionamiento de numerosos burdeles, este texto responde al compromiso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de "abolir" la prostitución.
La iniciativa comienza ahora su andadura en el Congreso y está en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los que pagan a prostitutas, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor.
La propuesta que lleva el PSOE a su debate en el Pleno recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que “castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”.
Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Lo más destacable es que esta proposición de ley también recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y departamentos donde las mujeres ejercen esta práctica.
Además, se multará a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”.
“Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución”, explicó el PSOE, que propone un “reproche penal” para estas personas: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
Sin embargo, el texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que está realizando en este sentido una parte del movimiento feminista en España.
Fue la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, quien defendió este texto que busca, según señaló que, después de décadas las mujeres “sean las únicas dueñas de su propia vida” y que la explotación de las mujeres no tenga espacio en la sociedad. “En democracia, las mujeres ni se compran ni se venden”, afirmó.
Durante su intervención, aseguró que su formación está dispuesta a “trabajar con los grupos que compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo” en el país y ha criticado a aquellas formaciones que han tachado a las socialistas de “ingenuas” o “puritanas”. “Sabemos a los que nos enfrentamos”, declaró Lastra, antes de señalar que la explotación sexual supone “un negocio de miles de millones en el país”.
Las estimaciones oficiales hablan de entre 45 mil y 120 mil prostitutas en España. La mayoría son extranjeras en situación irregular.
Según una encuesta de un organismo oficial de 2008, la última sobre el tema, cerca de un tercio (32.1 por ciento) de los hombres españoles había recurrido a la prostitución.
En un principio, los socialistas querían introducir estas medidas en una enmienda al proyecto de ley denominado "Solo sí es sí".