El gobierno de España aprobó hoy el proyecto de ley que busca la corrección y reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Francisco Franco, así como proscribir expresiones de apoyo al ex régimen militar y los organismos que elogian las políticas y los líderes de ese periodo del siglo XX.
El consejo de ministros del gobierno de coalición encabezado por el Partido Socialista aprobó un proyecto de ley que sanciona a cualquiera que “ensalce el golpe de Estado, la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o el franquismo”.
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La idea original fue impulsada hace 14 años por el ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien la llamó ley de memoria histórica.
Sin embargo, actualmente el gobierno de Sánchez denominó la eventual nueva norma como Memoria Democrática, a la que le espera un camino de discusión y burocrático en el Congreso, sobre todo por la oposición de la derecha, es decir, del conservador Partido Popular (PP), que anunció que la recurrirá ante los tribunales y si sale adelante cuando gobierne la echará abajo.
Impulsada por la entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, la ley supone una nueva hoja de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista y busca paliar los vacíos en España en la materia que lleva años señalando Naciones Unidas.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, explicó que la ley de 2007 necesitaba ser actualizada tras las recomendaciones hechas por la ONU y señaló que los ejes del texto pasan por “colocar a las víctimas en el centro de la acción política”, “poner en valor el papel de las mujeres” en la lucha por la democracia y la represión y “dar importancia al movimiento memorialista”.
Con ella, dijo, una vez se apruebe, “conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de países de nuestro entorno que han sufrido dictaduras”.
El plan es tocar una buena parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de la apertura de miles de tumbas e identificación de restos de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable de buscar a los cuerpos de miles de personas víctimas de la represión, la mayoría aún sin identificar. Lo hará de oficio o por solicitud.
Actualmente esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria histórica a través de subvenciones que el gobierno del Partido Popular mantuvo durante años en cero. También se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar las búsquedas y un censo de víctimas.
La ley, entre otras cosas, dedica un capítulo a la definición de víctima, que va desde la muerte o desaparición, al encarcelamiento, la deportación, los trabajos forzados, la represión, la incautación, la depuración y otras muchas violencias, incluida la participación en las guerrillas antifranquistas o la masonería.
No obstante, las asociaciones consideran que la norma se ha quedado corta en este sentido, entre otras cosas, porque cierra la puerta a las posibles indemnizaciones a las víctimas de la dictadura o familiares de éstas, y llaman a que se amplíe en la tramitación.
Sanciones para quienes expresen su apoyo a la dictadura de Franco
El proyecto probablemente volverá a encender un debate sobre la libertad de expresión y la imagen de Franco, un asunto que despierta fuertes emociones en muchos españoles.
Más de medio millón de personas murieron en la guerra entre las fuerzas rebeldes encabezadas por Franco y los defensores de la efímera república.
Franco se declaró victorioso el 1 de abril de 1939 y presidió un régimen de mano de hierro hasta su muerte en 1975. Más de 110 mil víctimas de la guerra y la dictadura no han sido identificadas.
El proyecto prevé abolir la Fundación Francisco Franco, que promueve el legado del dictador difunto.
La exaltación de las figuras e ideas del franquismo conllevará una multa máxima de 150.000 euros (más de 3 millones 500 mil pesos).
OMZI