Mientras el independentismo catalán se manifiesta este martes en las calles de Barcelona por el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia, el presidente de España, Pedro Sánchez, advirtió que el artículo 155 lo puede aplicar precisamente un Ejecutivo en estas condiciones y advirtió “que no jueguen con fuego”.
Los radicales independentistas invitaron a los catalanes a la “desobediencia civil” si la sentencia contra los políticos presos que declararon ilegalmente la independencia en Cataluña, no les es favorable.
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En ese marco, y con el desafío político constante del presidente catalán, Quim Torra, del gobierno socialista de Sánchez, declaró en una radio local que “el 155 (es decir, suspender la autonomía de Cataluña por parte del Ejecutivo central) se puede aplicar con un gobierno en funciones; el gobierno lo ha estudiado y no habría ningún problema desde el punto de vista de la legitimidad”.
Sánchez está convencido en aplicar el artículo 155 si el gobierno de Cataluña vulnera el Estatuto de Autonomía y la Constitución de España, aunque reconoció que esa decisión debe regirse por la “proporcionalidad” y que las condiciones no se dan en este momento.
El presidente español aseguró que la respuesta del gobierno a una hipotética transgresión de las normas se regiría por la “firmeza democrática” pero que también buscaría la “unidad de los partidos nacionales”, como en su momento lo hizo su antecesor Mariano Rajoy al decidir aplicar el artículo 155 en Cataluña tras la declaración ilegal de independencia.
No obstante, tiene claro que de darse las condiciones para suspender la autonomía de Cataluña, lo haría. Por eso, advirtió a los independentistas que “no jueguen con fuego” y comiencen por “condenar la violencia”, en referencia a las detenciones de siete miembros de los Comités de Defensa de la república (CDR) de la semana pasada.
Sánchez reiteró que el Ejecutivo impugnará ante el Tribunal Constitucional algunas de las resoluciones aprobadas en el Parlamento catalán la semana pasada, como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, o la que apuesta por una ley de amnistía para los políticos presos, es decir, la mayoría del gabinete del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bruselas para no ser encarcelado.
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