El Gobierno de España anunció una de las regulaciones digitales más estrictas en Europa al confirmar que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas para reforzar el control sobre las plataformas tecnológicas y frenar la difusión de contenidos dañinos, ilegales y desinformación.
“Nuestros niños están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos. Un espacio de abusos, adicción, pornografía y violencia. No lo vamos a aceptar. Vamos a protegerlos contra el salvaje oeste digital”, advirtió Pedro Sánchez. Australia ya prohibió a los niños el uso de las redes sociales, Francia lo hará próximamente y Reino Unido lo está estudiando.
El anuncio no es nuevo, ya que fuentes del Ministerio de Juventud e infancia señalaron que la ley de protección de los menores en los entornos digitales que se está en tramitación ya eleva la edad mínima para registrarse en las redes sociales de los 14 a los 16 años y obliga a los fabricantes de terminales a establecer medidas gratuitas de protección como, por ejemplo, un sistema de control parental.
Sánchez habló de este tema en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.
Para el político español, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, dio a conocer que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Para ello, explicó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores. Esta medida se desarrollará a través de prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales.
Esa prohibición, y en virtud del artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea y de las directrices publicadas por la Comisión, promoverá que las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.
Además, el presidente español señaló que se pondrá fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables.
Así lo anunció:
Para ello, el Gobierno propondrá una reforma del Código Penal. Esta medida se incluirá en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento.
La reforma introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas.
La noticia no es nueva, ya que Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, pero hoy dio más detalles.
El Gobierno español tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Al igual que con las sanciones penales a los directivos, el Ejecutivo aplicará esta modificación a través de un Proyecto de Ley Orgánica que será llevado al Parlamento.
Asimismo, según Sánchez, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización.
El objetivo será transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas.
Esta medida se materializará mediante el desarrollo de una herramienta específica que, según el Ejecutivo, permitirá un análisis más riguroso del comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos en relación con la polarización y la promoción del odio. La información generada "permitiría abrir debates sobre el control de las plataformas y los mecanismos para favorecer entornos digitales más seguros".
También habrá tolerancia cero frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos.
El Gobierno trabajará conjuntamente con todos los poderes e instituciones, especialmente el Ministerio Fiscal, para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones detectadas.
Pedro Sánchez anunció finalmente que España se une a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.
¿Por qué España prohibirá las redes sociales para menores?
Según explicó, la prohibición obligará a las redes sociales a implementar mecanismos de verificación y barreras efectivas que
impidan el acceso de menores de 16 años. El mandatario advirtió que actualmente niños y adolescentes están expuestos a entornos digitales marcados por la adicción, la violencia, el abuso, la pornografía y la manipulación de contenidos.
Además de esta restricción, el Ejecutivo español impulsará cambios legales para que los directivos de las plataformas digitales asuman responsabilidad jurídica por las infracciones que ocurran dentro de sus servicios. Entre las medidas anunciadas se incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
Sánchez también adelantó que se estudiarán posibles infracciones legales cometidas por plataformas como TikTok, Instagram y Grok, en coordinación con la Fiscalía, y que se creará un sistema de rastreo y trazabilidad que permita medir lo que denominó una “huella de odio y polarización” en redes sociales.
En el ámbito internacional, España se integró junto con otros cinco países europeos en la llamada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, cuyo objetivo es avanzar de manera coordinada en una regulación más estricta y eficaz de las plataformas tecnológicas. La primera reunión de este grupo se celebrará en los próximos días.
El presidente español calificó a las redes sociales como un “estado fallido” donde con frecuencia se ignoran las leyes, se toleran delitos y la desinformación tiene mayor impacto que la verdad. Aun así, subrayó que, pese al poder económico y la influencia global de estas empresas, los gobiernos deben recuperar el control y garantizar el cumplimiento de las normas.
España, afirmó, mantendrá una política de “tolerancia cero” y defenderá su soberanía digital frente a las grandes plataformas tecnológicas.
Con información de EFE / JCM