El Tribunal Supremo de España confirmó hoy la condena de un año y medio de inhabilitación al presidente catalán Quim Torra, por negarse a retirar lazos amarillos y símbolos independentistas de edificios públicos durante la campaña electoral de marzo de 2019, por lo que deberá de dejar el cargo en las próximas horas.
Los jueces, en una sentencia unánime firmada esta misma mañana, rechazaron el recurso del todavía presidente a la espera de que el Tribunal Superior de Cataluña ejecute la sentencia y tenga que abandonar el palacio de gobierno. La sentencia ocurre en vísperas del tercer aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre.
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El caso de Torra fue examinado por la sala de lo penal el pasado 17 de septiembre en una vista púbica en la que la Fiscalía pidió confirmar la condena de año y medio de inhabilitación que le impuso en un primer momento el Tribunal Superior de Cataluña.
Según esa primera sentencia Torra ejecutó una “negativa abierta y franca” a retirar símbolos como pancartas y lazos amarillos de edificios públicos a favor de los presos del proceso soberanista en la campaña de las elecciones de abril del año pasado a pesar de los tres avisos que envió la Junta Electoral Central.
Ahora el Supremo ratifica que Torra desobedeció de forma “contumaz y obstinada” a la Junta Electoral Central y recordó que “no cabe aceptar de ningún modo la colocación de las banderas partidistas o lazos amarillos, pancartas a favor de los "presos políticos”, o cualquier otro símbolo partidista en edificios y lugares públicos.
El tribunal está formado por cinco magistrados de la Sala de lo Penal: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo. Los tres primeros integraron la Sala que dictó la sentencia sobre el 1-O y el proceso independentista en Cataluña.
La defensa de Torra –y él mismo- centraron su estrategia en intentar demostrar que el presidente habría sido condenado como fruto de una persecución política y contra la libertad de expresión, con el fin de buscar una nulidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por el contrario, la fiscal de Sala del Supremo Pilar Fernández Valcarce sostuvo que el órgano de control electoral buscó garantizar la neutralidad de los poderes públicos en periodo de elecciones.
Dentro de su estrategia encaminada a alcanzar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Torra recusó a 11 de los 13 magistrados de la Sala de lo Penal, entre los que se encuentran cuatro de los jueces que van a revisar su condena.
A todos ellos los consideró que adolecían de falta de imparcialidad por haber intervenido en algunas de las resoluciones vinculadas al proceso soberanista y pidió al Supremo que lo elevara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ahora que la sentencia fue confirmada, Torra quedará oficialmente inhabilitado. Su única posibilidad será recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Sin embargo, no hay ningún precedente de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitación.
Su inhabilitación podría desencadenar diversos efectos políticos en Cataluña, entre ellos, nuevas tensiones en las filas independentistas y un posible adelanto electoral para los primeros meses de 2021.
OMZI