En España, venta de frutas y verduras en envases de plástico estará prohibida en 2023

En su lugar se apuesta por la celulosa para las mallas o el cartón para ayudar al medio ambiente y reducir las emisiones de CO2.

Hay muchos productos bajo esta categoría que están conservados en ingentes cantidades de plástico | Shutterstock
José Antonio López
Madrid /

El gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, prepara un Real Decreto que pretende reducir la producción de plástico en el país, y entre las medidas que se pretende aplicar se encuentra la prohibición de la venta de frutas y verduras en envases de este material.

Hay muchos productos bajo esta categoría que están conservados en ingentes cantidades de plástico que antes o después tienen que desaparecer para ayudar al medio ambiente y reducir las emisiones de CO2. Con la nueva ley, España se pondrá a la par, por ejemplo, de Francia, que ya ha hecho lo mismo.

La medida entraría en vigor en 2023, aunque algunas cadenas como Carrefour ya están aplicando sus reducciones voluntarias. El supermercado francés, por ejemplo, ha eliminado ya el 50 por ciento del plástico en frutas y verduras, y ha dejado de utilizar ya más de mil toneladas de plástico. 

Algunos ejemplos son la eliminación del plástico en el 70 por ciento de sus hortalizas, en el 100 por ciento de los envases de cítricos Carrefour de hasta 1 kilo y medio y en el 80 por ciento de las uvas de marca propia.

En su lugar se apuesta por la celulosa para las mallas o el cartón para las bandejas de frutas y verduras. Tanto los propios supermercados como el gobierno buscan incentivar la sostenibilidad en un momento crítico para el cambio climático. Reduciendo el plástico que se produce, se disminuye la emisión de CO2, y se puede revertir una situación que está a punto de ser irreversible.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica del gobierno de España y su equipo, alistan del borrador del texto para tal medida, pero ya ha mantenido reuniones con las asociaciones empresariales y con las organizaciones ecologistas más importantes para trasladarles algunas de las principales líneas de actuación del real decreto, que debe servir también para trasponer varias normas europeas e incorporarlas así al ordenamiento jurídico español.

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