Un hombre en España agredió sexualmente a una trabajadora del campo originaria de Paraguay, amenazó con despedirla y pagó una indemnización de seis mil euros para librar la cárcel, de acuerdo con una sentencia de un tribunal en Murcia consultado por AFP.
El caso ocurrió el 14 de mayo de 2019, cuando un hombre a cargo de una finca en Murcia pasó a buscar en automóvil a la trabajadora paraguaya, identificada solo como Covadonga y que se dedicaba a recolectar albaricoques en esa finca, de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, con fecha del 3 de mayo.
Cuando llegaron a otra finca, la mujer dijo que quería irse, pero el hombre —identificado como Celso— se puso violento, la golpeó, la agredió verbalmente y "la introdujo en la parte trasera de la furgoneta", señaló la sentencia, que fue hecha pública por el diario El País.
El hombre violó a la mujer y posteriormente la amenazó, afirmando que si contaba lo sucedido tanto ella como sus "paisanos" perderían el trabajo, narró el escrito.
La mujer, que sufrió diversas lesiones, no se amedrentó y denunció al agresor que estuvo preso preventivamente durante seis meses.
Según el Código Penal español, una violación con agravante de violencia "particularmente degradante" o si existe "una relación de superioridad" con la víctima acarrea una pena de doce a quince años de prisión.
Pero según el fallo, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual el hombre reconoció los hechos y recibió una sentencia reducida por las atenuantes de confesión y de "reparación del daño", ya que había indemnizado anteriormente a la mujer con seis mil euros.
El hombre fue condenado a dos años de prisión, pero como suele ocurrir en España con penas de dos años o menos, y al no tener antecedentes penales, la condena quedó suspendida y no irá a la cárcel. Tendrá, no obstante, que participar en un "programa formativo de educación sexual".
Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima por siete años.
Un acuerdo similar se alcanzó en el caso de dos policías que violaron a una joven en 2018 en Estepona (ubicado en Andalucía), cuando los oficiales evitaron la cárcel a cambio de una indemnización de 80 mil euros a la víctima y un curso de educación sexual, aparte de su expulsión del cuerpo policial, según informó El País.
El gobierno de Pedro Sánchez impulsa un endurecimiento de la legislación contra la violación, principalmente para establecer la obligación del consentimiento explícito, una medida que abanderó después del sonado caso de "La Manada", la violación grupal de cinco hombres a una joven de 18 años en Pamplona en 2016.
ROA