Durante casi 24 horas, Guatemala fue escenario de múltiples motines en centros carcelarios y ataques contra elementos policiacos que cobraron la vida de ocho agentes. Las primeras investigaciones apuntaron a la pandilla Barrio 18, una de las más conocidas de Centroamérica, como la responsable de los hechos.
Ante esta oleada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó estado de sitio por un período de 30 días, durante el cual se permitirá el uso total de la fuerza de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército para actuar contra las pandillas e "impedir sus acciones terroristas". Pero, ¿por qué se originó el conflicto y qué implica este régimen de excepción? En MILENIO te contamos.
Las tres cárceles que fueron epicentro de la violencia
Alrededor de las nueve de la mañana del 17 de enero, reos de la prisión de máxima seguridad Renovación I, el Centro de Detención Fraijanes II y el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18 se amotinaron de forma simultánea en los tres recintos carcelarios.
Durante la revuelta, los reclusos mantuvieron como rehenes a decenas de elementos de seguridad del sistema penitenciario y en Renovación I se reportó el incendio de un vehículo en la zona de acceso, lo que provocó la movilización de la Policía Nacional Civil y el Ejército a los distintos puntos.
En el caso de la prisión de máxima seguridad, las autoridades robustecieron su presencia con unidades militares blindadas para evitar fugas.
El origen del conflicto entre las pandillas y el gobierno
El antecedente más directo de la confrontación entre las pandillas y el gobierno de Bernardo Arévalo es rastreable al menos hasta el 29 de julio de 2025, cuando siete personas fueron asesinadas durante un funeral en las inmediaciones del Centro Histórico de la capital guatemalteca.
El velatorio era un acto para despedir a Jeiber Gabriel Vargas Ávila, identificado por el Ministerio de Gobernación como un miembro de Barrio 18. Al conocer el alto riesgo que implicaba dicha ceremonia, las autoridades desplegaron a varios agentes de seguridad para resguardar el acto, pero éstos se retiraron.
Aprovechando la ausencia de uniformados, un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha se dirigió al lugar y disparó contra la familia de Vargas Ávila, según fuentes citadas por la agencia EFE en aquel entonces.
A raíz de estos hechos, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que diez de los principales líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha serían enviados a la prisión de máxima seguridad Renovación I, en el departamento de Escuintla, en donde permanecerían bajo vigilancia constante y sin privilegios.
Una cama king size y la destitución del presidente: las exigencias de los pandilleros
Información difundida por la PNC señala que entre los principales autores del amotinamiento se encuentra Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, uno de los mayores jefes de Barrio 18 que ha enfrentado cargos por asesinato, robo agravado y secuestro.
Este hombre fue uno de los criminales enviados a Renovación I en julio de 2025 y, acorde con las autoridades, estaría vinculado a por lo menos 133 muertes y 46 ataques ocurridos entre los años 2010 y 2013.
Fuentes oficiales retomadas por EFE apuntan que El Lobo realizó múltiples exigencias a las autoridades, incluyendo su traslado a otra prisión y comodidades como aire acondicionado, acceso a comida de restaurantes y una cama king size en su celda.
Mario Roberto Barneond García, alias Pantera, es otro de los jefes de Barrio 18 que impulsó los motines desde Renovación I. En un diálogo inicial con las autoridades, incluyó entre sus peticiones la destitución del presidente Bernardo Arévalo.
"En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", aseveró el Ministerio de Gobernación en un comunicado con el que manifestaron su rechazo a las exigencias de los pandilleros.
Ataques contra Policía Nacional dejaron ocho agentes muertos
Luego de que las autoridades no concedieran ninguna de sus exigencias, los jefes criminales ordenaron una serie de atentados contra la PNC que, hasta la mañana del 18 de enero, había dejado un saldo de ocho policías asesinados.
De manera oficial, las víctimas fueron identificadas como Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, Fernando Alexander Batres Ordóñez, José Efraín Revolorio Barrera, Sammi Iván López García, Geovani Darío Tecú Sesam, Luis Alexander Zetino Pérez y Diana Rosmery Chávez Alarcón.
"En represalia a los exitosos operativos que han recuperado el control de las cárceles, estos grupos criminales han atacado cobardemente a la Policía Nacional en distintos lugares del país. Estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población", expresó el presidente Arévalo en un mensaje difundido en cadena nacional.
Los atentados contra el personal de la PNC ocurrieron entre las 08:30 y las 10:00 horas del 18 de enero, según una reconstrucción de los hechos difundida por la institución. En las horas posteriores, las fuerzas de seguridad arrestaron a 16 presuntos integrantes de Barrio 18. Para las 18:00 horas de esta fecha, las autoridades ya habían retomado el control de los centros carcelarios.
BM.