El aborto ocupará un lugar central en las urnas de cinco estados en noviembre, incluido California, pero en realidad será un voto clave en todo el país: es el tema que más ha crecido en importancia electoral y podría alumbrar un nuevo paradigma político si las mujeres votan en número récord.
Aunque la inflación continúa siendo el tema dominante hacia las elecciones del próximo 8 de noviembre, la asignatura de los derechos reproductivos aumentó en relevancia 13 puntos porcentuales desde el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que criminalizó el aborto, un incremento mayor que el interés en la economía, el control de armas o la violencia.
“El derecho al aborto va a jugar un papel muy importante en esta elección… enfrentamos una crisis nacional de aborto muy grave que la gente siente, lee y es testigo de su impacto y de su devastación real todos los días… será lo más importante para muchos votantes”, asegura Jenny Lawson, directora de Planned Parenthood Votes (PPV).
El Comité de Acción Política de Planned Parenthood, la organización de servicios reproductivos más grande de Estados Unidos con más de 600 clínicas, está invirtiendo 50 millones de dólares en apoyo a candidatas y candidatos que apoyen el derecho al aborto, con énfasis en 9 entidades.
California, Michigan, Kentucky, Montana y Vermont pedirán a sus votantes definir si criminalizan o consagran el derecho de la mujer al aborto, en momentos que un creciente número de los 50 estados del país promueven castigar la interrupción del embarazo con drásticas penas de cárcel y multas.
En Texas, uno de los estados con las leyes más draconianas, la violación de su ley anti-aborto contempla hasta 99 años de prisión y/o 100 mil dólares de multa; en Alabama, 99 años de prisión y 60 mil dólares de multa; en Misuri, 20 años de prisión; en Tennessee 15 años; en Virginia Occidental 10 años.
Los estados con duras penas carcelarias incluyen también a Dakota del Sur, Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Ohio, Kentucky y Carolina del Sur. Otros consideran medidas similares como Arizona, Georgia, Idaho, Utah, Wyoming, Dakota del Norte, Nebraska, Luisiana, Misisipi, Florida, Carolina del Norte, Indiana y Michigan. Casi la mitad del país podría tener leyes antiaborto dependiendo del resultado de las elecciones legislativas de noviembre.
En este momento el aborto está prohibido desde el momento de la concepción en al menos 12 estados, con excepciones limitadas, mientras que solo dos estados prohíben el procedimiento una vez que un médico detecta actividad cardíaca fetal, lo cual ocurre, por lo general, a las seis semanas de embarazo.
La avalancha de restricciones es consecuencia del fallo de la mayoría conservadora de la Corte Suprema que dejó a los estados determinar el futuro del aborto. Pero el presidente Joe Biden y los demócratas buscan capitalizar el furor popular contra el dictamen judicial para motivar a sus votantes a ir a las urnas en noviembre cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Mujeres a las urnas
La estrategia parece estar funcionando. Aunque es costumbre que el partido en el poder pierda escaños legislativos en las elecciones intermedias, el debate sobre el aborto está moviendo la aguja en favor de los demócratas. Los más recientes sondeos muestran que pueden no solo retener el control del Senado sino incluso de la cámara de Representantes.
El primer termómetro del impacto del aborto fue en el conservador estado de Kansas, donde un numero inédito de mujeres salió a votar para rechazar de manera abrumadora, durante una elección especial el mes pasado, una enmienda legal para restringirles el derecho a interrumpir el embarazo.
Aunque el mejoramiento de las perspectivas electorales de los demócratas obedece también a otros factores, incluidas las victorias legislativas del presidente Biden, el inesperado desenlace en Kansas tuvo el efecto de colocar a los candidatos republicanos a la defensiva, no solo suavizando sus posiciones anti-aborto, sino incluso proponiendo una ley que, en su opinión, es menos draconiana.
Lindsay Graham, el senador de Carolina del Sur y uno de los más cercanos aliados políticos de Donald Trump, propuso prohibir los abortos a partir de la semana 15 del embarazo, con excepciones para violación, incesto y cuando la vida de la madre esté en peligro.
“Estamos tratando de tomar una posición que creemos que animará al país a ser más comprensivo con un niño por nacer”, admitió.
La Casa Blanca fustigó el plan de Graham como un intento “extremista” para despojar a las mujeres de sus derechos en los 50 estados del país. “Este proyecto de ley está totalmente fuera de sintonía con lo que creen los estadunidenses”, sentenció la vocera presidencial, Karine Jean Pierre.
Aunque el plan de Graham tiene cero probabilidades de ser aprobado en este momento, el proyecto de ley confirma el temor de los republicanos a sufrir un revés en las urnas si se materializa la estrategia demócrata de movilizar el voto femenino y convertirlo en su nuevo pilar electoral.
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