Un juez federal de Estados Unidos amplió el plazo dado al gobierno de Donald Trump para reunir con sus padres a los niños migrantes menores de cinco años que fueron separados forzosamente tras cruzar ilegalmente la frontera desde México.
El juez Dana Sabraw, de California, tomó la decisión después de que la administración republicana admitiera que le resulta imposible cumplir el plazo, que finalizaba mañana y que el propio magistrado fijó el pasado 26 de junio.
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De los 102 niños de hasta cinco años que fueron separados de sus progenitores, la administración de Trump solo llega a tiempo de reunir en torno a la mitad mañana.
Para los restantes, el gobierno recibió más tiempo. Una abogada del Departamento de Justicia manifestó hoy que la administración aún está realizando comprobaciones para confirmar la relación de parentesco entre los niños y los adultos.
El juez Sabraw ordenó al gobierno que dé hasta el martes información actualizada sobre la situación de los niños para cuya reunificación con sus familias requiere más tiempo, informaron medios locales.
Por orden judicial, el gobierno republicano entregó el domingo la lista de los 102 niños de hasta cinco años separados de sus padres a la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país.
ACLU fue la organización que demandó a la administración por la separación de familias. La respuesta del juez fue ordenar la reunificación con sus padres de los niños de hasta cinco años este martes como tarde.
Para los de más edad, el plazo fueron 30 días, que se cumplen el 26 de julio. En total, los niños a reunir con sus familias son en torno a 3 mil.
ACLU ya advirtió el domingo, tras recibir la lista, que todo apuntaba a que en torno a la mitad de los menores de cinco años no serían devueltos a sus padres en plazo.
El pasado viernes, el gobierno de Trump pidió más tiempo pero el juez se lo denegó en ese momento.
La separación de familias desde el 19 de abril, utilizada por la administración de Trump para desincentivar la llegada de migración ilegal a Estados Unidos, generó una ola de indignación dentro y fuera del país que llevó al mandatario a dar marcha atrás en ella, aunque no en la política que la originó.
Su administración, por orden del fiscal general, Jeff Sessions, comenzó en abril a perseguir penalmente a todo migrante arrestado tras cruzar ilegalmente la frontera.
La persecución penal implica el envío a la cárcel y allí, según la ley, no pueden estar los niños. Estos eran enviados a albergues bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Trump firmó un decreto el 20 de junio para frenar las separaciones, pero este no pone fin a la persecución penal de los indocumentados, sino que establece que los niños sean encarcelados con ellos.
Para ello, el gobierno espera luz verde de los tribunales, algo que no obstante no parece probable. La mayoría de las familias que cruzan sin papeles la frontera sur procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, los países del violento Triángulo Norte de Centroamérica.
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