Este martes, una corte federal de apelaciones desestimó la prohibición de California sobre los centros de detención de inmigrantes de propiedad privada, manteniendo intacta una pieza clave del sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.
El gobernador Gavin Newsom promulgó la prohibición en 2019, otra medida para limitar la cooperación de California con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración, cuando el entonces presidente Donald Trump impuso políticas de línea dura.
De acuerdo con la nueva administración de California, las cárceles de inmigración de gestión privada se eliminarían gradualmente para el 2028.
Mientras tanto, un panel dividido por 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito encontró que la prohibición interfería con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir la ley.
“La AB 32 no puede sostenerse porque entra en conflicto con este poder federal y la discreción otorgada al Secretario (de Seguridad Nacional) en un área que permanece en el ámbito exclusivo del gobierno federal, y prohíbe al Secretario hacer lo que la ley federal de inmigración permite explícitamente. él o ella ”, escribió el juez Kenneth Lee, designado por Trump.
El fallo es una victoria para empresas como The Geo Group Inc., que demandó a Newsom, y CoreCivic Inc., que dependen en gran medida de los contratos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y son una parte fundamental del sistema de detención de la agencia.
El tribunal devolvió el caso a la jueza federal de distrito Janis Sammartino en San Diego para que lo considerara más después de anular su decisión de mantener la ley en vigor durante la impugnación legal.
California, con su gran población de inmigrantes, ha sido una gran parte de la red de ICE. Cinco de los ocho centros de detención de inmigrantes de la agencia en California están a cargo de empresas privadas: en Adelanto, Bakersfield, Calexico, McFarland y San Diego.
En los últimos años, ICE ha comenzado a trasladar los centros de detención al sur, especialmente a Luisiana , en parte porque el clima político es más receptivo.
Actualmente, ICE tiene alrededor de 24,000 personas bajo su custodia, muy por debajo de su pico de más de 56,000 en 2019, pero muy por encima del año pasado, cuando los esfuerzos para prevenir la propagación de covid-19 redujeron la capacidad.
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