A la gente se le acabó la paciencia con los proveedores de armas, violencia y muerte, así resumió el gobernador de California, Gavin Newsom, el proyecto de ley que presentó junto con legisladores locales y el fiscal general del estado, para permitir a los californianos entablar demandas contra las empresas que producen armas.
“Si Texas puede usar una ley para prohibir el derecho de una mujer a elegir y así poner en riesgo su salud, usaremos esa misma propuesta para salvar vidas y mejorar la salud y la seguridad de las personas en el estado de California”, expresó Newson.
Texas permite a sus habitantes llevar a las cortes a los proveedores de servicios de aborto sin que intervengan las autoridades e incluso, estimula las denuncias prometiendo una “recompensa” de 10 mil dólares si resulta exitoso el juicio.
Esta acción no solo acorrala a la industria de las armas sino que además es una respuesta a las políticas conservadoras antiaborto que han dado un primer paso en Texas que busca ir más allá: la idea del grupo de gobernadores republicanos es implementar una ley similar en otros estados, como Florida.
La réplica liberal se daría con una ley “espejo” contra las armas no solo en California sino que se replicaría en otros estados como Nueva York.
Además, pone en serios aprietos a la Suprema Corte de Justicia estadunidense que tiene el caso de determinar si es legal o no la medida tomada en Texas.
Newsom lo sabe y juega con esa disyuntiva: “No hay una forma en la que la Corte Suprema de Estados Unidos no pueda defender esta ley de California. Ninguna”, en caso que avale a la texana. De lo contrario, afirmó, reflejará su “hipocresía”.
Por eso, las alarmas ya se han encendido entre las fabricantes de armas que pese a ser de corte conservador cristiano, empiezan a hacer lobby en los estados republicanos que se inclinan por una ley anti aborto para congelar esas iniciativas y no agitar las aguas que busquen una respuesta demócrata en contra del uso de armamento de fuego.
“La gente ya no tiene paciencia con estos proveedores de violencia y muerte”, dijo el gobernador en la conferencia en la cual recalcó que la ley buscará “responsabilizar a la industria de las armas y expandir el liderazgo nacional de nuestro estado al proteger a los ciudadanos de la violencia armada” que, desde su visión, es alimentada por “la codicia” de dichas empresas.
“No se trata de atacar a quienes tienen armas” concedió el gobernador “sino de enfrentar la cultura de las armas y responsabilizar a quienes venden estas porquerías”, dijo mientras mostraba la foto de un rifle de asalto R-15 con una imagen de una calavera y tibias cruzadas incrustadas, la cual venden como “Jr-15. “Esto es vil”, dijo Newsom; Una ilustración para “que se vea linda y atraiga a los niños. Todo político respaldado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA) debería condenar esto”, pidió.
El congresista local, Phil Thing, quien redactó el proyecto de ley, dijo que todas las industrias en los Estados Unidos se hacen responsables del daño que generan los productos que venden, “excepto una: la de las armas; es tiempo de que eso acabe”, sugirió.
Por su parte el procurador general de California, Rob Bonta, adelantó que la propuesta, llega en un momento en que la escalada de tiroteos es desagradable e inaceptable y que dicha crisis “tiene que acabar”. Dijo que el Proyecto de Ley AB 1594 regirá las prácticas “de venta y mercadeo de los fabricantes y distribuidores de armas de fuego que hacen negocios en California, exigiéndoles que se esfuercen de manera razonable para evitar que sus productos se usen ilegalmente”. Adelantó que de fallar en esa encomienda esta ley autorizará al fiscal general y a cualquier californiano “a presentar demandas civiles para reclamar el daño” que dichas carencias generen.
Todos los oradores de hoy, celebraron el acuerdo logrado esta semana por familias de las víctimas de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, quienes recibirán un pago millonario de parte de las aseguradoras de la empresa Remington.
Del mismo modo, el Gobierno de México, a través de una demanda civil ingresada en una corte en Massachusetts, busca una compensación millonaria de once empresas que producen armamento a las que acusa de vender de manera irresponsable y muchas veces ilegal, sus productos que terminan en manos del crimen organizado mexicano, y que se traducen en miles de muertes de la población civil.
“Es hora de pasar a la ofensiva con nuevas medidas que empoderen a las personas para exigir responsabilidades a los actores de la industria de las armas, tomar medidas enérgicas contra la publicidad vergonzosa dirigida a nuestros niños”, argumenta el gobernador.
Demandas a la “texana”
En concreto, la ley permitirá a los ciudadanos demandar a cualquier persona que fabrique, distribuya, transporte, importe a California o venda armas de asalto, rifles .50 BMG, “pistolas fantasma” o kits de “armas fantasma”, que se adquieren vía internet y son ensambladas por el comprador sin número de serie y casi imposible de ser rastreadas.
El anuncio fue realizado por Newsom acompañado del fiscal general de California, Rob Bonta, y de congresistas locales y líderes y líderes sociales y no solo implica enfrentar a las poderosas empresas fabricantes de armas, sino que también trae su entramado político para responder a los republicanos a la ley antiaborto de Texas.
Los políticos demócratas, encabezados por el propio Joe Biden seguido por gobernadores y congresistas federales, no esconden su rechazo y su condena a la ley texana.
Y la idea es similar en California en cuanto a la forma al permitir la ley que cualquier persona busque una orden judicial para detener la propagación de las armas de fuego y obtener hasta diez mil dólares por cada arma, más los honorarios de los abogados.
“Responsable de muertes”
Además, se busca que las personas y el Fiscal General de California puedan demandar a los fabricantes y vendedores de armas de fuego por el daño que causen sus productos.
Esta acción arremete contra la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas aprobada por el Congreso federal en 2005, que protege a los fabricantes y comerciantes de armas de juicios civiles cuando se cometen actos violentos en donde se involucran sus productos, dejando solo una pequeña excepción para tales demandas.
“Ninguna industria debería obtener una exención especial para proteger a sus clientes, pero especialmente una industria responsable de la muerte de miles de estadunidenses cada año”, señaló Bonta al argumentar que la clave es el resquicio a casos excepcionales que dejó esa ley de 2005.
El fiscal afirmó que se necesita que “la industria de armas tome medidas razonables para asegurarse de que sus productos no se usen ilegalmente” y en caso de ignorar esa responsabilidad, señaló, “este proyecto de ley brinda a las víctimas y sus familias una vía legal adicional para responsabilizar financieramente a la industria de las armas de fuego”.
También se busca limitar el tipo de publicidad de armas de fuego que puede estar dirigido a los menores de edad. Los demócratas del estado señalan que los fabricantes de armamentos usan libros, ropa, armas con elementos decorativos “infantiles” y las redes sociales para atraer a niños y jóvenes.
California prohibió durante décadas la fabricación y venta de armas de asalto pero el año pasado, un juez federal dejó sin efecto esa veda aunque la ley es vigente debido a que ele estado apeló la decisión.
ledz