A primera hora del martes, el Departamento de Justicia publicó un volumen de 137 páginas en el que se exponen los detalles de la investigación que el exfiscal especial Jack Smith llevó a cabo sobre los intentos del presidente electo Donald Trump de anular su derrota en las elecciones de 2020.
La publicación del informe, que el equipo legal de Trump había combatido con vehemencia, quizá sea la última palabra del Departamento de Justicia sobre el intento de utilizar el sistema jurídico para responsabilizar a Trump de conspirar para subvertir los resultados electorales. Como Trump ganó las elecciones de 2024, los fiscales se vieron obligados a abandonar el caso en su contra, en virtud de una política vinculante del Departamento de Justicia.
Según el informe, los investigadores penales entrevistaron a más de 250 personas y obtuvieron el testimonio ante el gran jurado de más de 55 testigos, algunos tras largas batallas sobre privilegios ejecutivos. Smith dijo que el trabajo de la comisión de la Cámara de Representantes que examinó por separado el ataque del Capitolio era solo “una pequeña parte del historial de investigación de la fiscalía”.
Smith redactó un segundo volumen relacionado con otros cargos que presentó, en los que se acusaba a Trump de negarse a devolver documentos clasificados después de dejar el cargo en 2021. Ese volumen permanece fuera de la atención pública por ahora porque parte de ese caso sigue activo contra dos asistentes de Trump acusados como copartícipes. He aquí cuatro conclusiones del volumen del caso sobre las elecciones.
1. Smith dijo que Trump habría sido condenado en un juicio
En lo que constituyó la conclusión más importante de su informe, Smith afirmó que estaba seguro de que su equipo de fiscales e investigadores había reunido pruebas suficientes para condenar a Trump si se hubiera permitido que el caso fuera a juicio.
El informe dedica casi 30 páginas a relatar los detalles de cómo Trump participó en múltiples asociaciones delictivas. Gran parte de esa información ya se había hecho pública a través de la acusación formal derivada del caso y un extenso memorando probatorio que Smith presentó en octubre como parte de las consecuencias de la sentencia de la Corte Suprema en la que se establecía que Trump gozaba de presunta inmunidad por sus actos oficiales como presidente.
Smith dijo que su oficina “respalda plenamente” tanto “la solidez de las pruebas del gobierno” como “los méritos de la acusación”. Y a pesar de los importantes contratiempos a los que se enfrentó en sus más de dos años de procesar el caso, se mantuvo firme en las principales acusaciones formuladas contra Trump.
“Lo que conecta todos los actos delictivos de Trump fue el engaño (afirmaciones falsas a sabiendas de fraude electoral) y la evidencia muestra que Trump utilizó estas mentiras como un arma para derrotar a una función del gobierno federal fundamental para el proceso democrático de Estados Unidos”, escribió Smith.
Aun así, Smith admitió que, por muy convincente que considerara que fuera el sustento de su caso, no hubo más remedio que retirar los cargos después de que Trump ganó las elecciones en noviembre. Reconoció que esa victoria desencadenó una política vinculante y de larga data del Departamento de Justicia que prohíbe que los casos penales avancen contra presidentes en ejercicio.
Y agregó: “De hecho, si no fuera porque Trump ganó las elecciones y su inminente regreso a la presidencia, la fiscalía había evaluado que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
2. Smith culpó a Trump de los disturbios en el Capitolio, pero explicó por qué no lo acusó de incitación
Como reflejo de la fuerza de las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, Smith nunca acusó explícitamente a Trump de incitar los disturbios de sus partidarios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Su acusación y otras presentaciones judiciales ponen un mayor énfasis en las acciones de Trump en las semanas y meses previos a ese ataque.
Aun así, en su informe, Smith expuso su análisis de la culpabilidad de Trump por la violencia de la turba, al tiempo que explicaba por qué decidió no añadir un cargo formal de incitación a la acusación formal.
A nivel moral, el fiscal asignó directamente la responsabilidad del ataque al Capitolio a Trump. Argumentó que los alborotadores hicieron caso de las palabras de Trump en el discurso incendiario que pronunció cerca de la Casa Blanca poco antes del ataque.
Ese contexto, escribió Smith, demostró que “la violencia era previsible para Trump, que él la causó”, que benefició su plan de interferir con la certificación del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden en el Colegio Electoral, y que tomó una decisión consciente de aprovechar los disturbios para obtener más retrasos en lugar de detenerlos.
Según Smith, en ese contexto, los fiscales concluyeron que “había motivos para argumentar” que el discurso de Trump incitó a la violencia en el Capitolio el 6 de enero. El fiscal agregó que el discurso cumplió con el estándar de incitación de la Corte Suprema para superar cualquier defensa de la Primera Enmienda, “particularmente cuando el discurso se ve en el contexto de la larga y engañosa narrativa de fraude electoral por parte de Trump que le precedió”.
Sin embargo, Smith dijo que también había argumentos de que las pruebas disponibles no llegaban a lo que se necesitaría para probar más allá de una duda razonable un elemento crucial de la prueba jurídica para la incitación: que Trump tenía la intención de que la violencia de la multitud se desarrollara como lo hizo.
Escribió que su equipo no obtuvo suficiente evidencia directa (como una admisión explícita o una comunicación con sus copartícipes) para establecer que Trump tenía la intención criminal “de causar todo el alcance de la violencia que ocurrió el 6 de enero”.
3. Trump era un objetivo difícil de investigar
Smith escribió en su informe que, en muchas investigaciones sobre corrupción o conspiración, el objetivo de la investigación suele ser capaz de ejercer influencia sobre los testigos o de interponer obstáculos legales que dificultan la obtención de pruebas por parte de los fiscales. Pero Trump fue un sujeto de investigación particularmente difícil, señaló Smith, dado su “estatus político y financiero” y su poder para llamar la atención, especialmente en las redes sociales.
Smith reconoció que su equipo dedicó una enorme energía a un litigio que requería mucho tiempo y que pretendía “evitar la intimidación de los testigos”, dada la práctica de Trump de hacer “comentarios extrajudiciales, a veces de carácter amenazador, sobre el caso”.
La fiscalía especial también tuvo que lidiar con más de un año de peleas judiciales derivadas de los intentos de Trump para limitar el alcance de la investigación mediante repetidas afirmaciones de privilegio ejecutivo. Los fiscales tuvieron que superar esas afirmaciones para asegurar el testimonio ante el gran jurado de varios testigos importantes, incluido el ex vicepresidente Mike Pence.
Sin embargo, el mayor obstáculo legal surgió cuando la Corte Suprema emitió una sentencia histórica durante el verano que concedía a Trump una amplia forma de inmunidad frente a procesos judiciales por actos oficiales que realizó como presidente.
La sentencia no sólo ponía en duda muchas de las acusaciones contenidas en la acusación de obstrucción electoral, sino que, lo que es más importante, hacía prácticamente imposible celebrar un juicio sobre los cargos antes de que los votantes acudieran a las urnas.
4. Smith defendió a su equipo
En una carta que acompañaba a su informe, Smith hizo una defensa decididamente personal de sus asistentes y otros miembros de su personal. Eran “personas de gran decencia y la más alta integridad personal” que soportaron no sólo un “intenso escrutinio público” durante el caso, sino también “amenazas a su seguridad e incesantes ataques infundados contra su carácter”, escribió.
Los elogios de Smith a su equipo se produjeron en un momento en el que Trump renovó sus ataques y está a punto de regresar a la Casa Blanca. Ello ha suscitado la preocupación de que Trump o altos funcionarios de su Departamento de Justicia (dos de los cuales se espera que sean sus propios ex abogados penalistas) puedan utilizar su poder para actuar contra Smith o sus subordinados.