El Comité de la Cámara de Representantes estadunidense que ha estado investigando las causas de la reciente ola de tiroteos masivos en el país envió citatorios para pedir testimonios de Marty Daniel, director ejecutivo de Daniel Defense, Mark Smith, presidente y director ejecutivo de Smith & Wesson Brands, y Christopher Killoy, presidente y CEO de Sturm, Ruger & Co.
La representante demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, quien preside el comité, envió el miércoles cartas a los ejecutivos citados de cara a una segunda audiencia que celebrará dicho comité que investiga a la industria de armas de fuego tras la ola de dramáticos tiroteos masivos con rifles de asalto que han matado y herido a decenas de estadounidenses, muchos de ellos niños.
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En la carta que Maloney envió a Killow, la cual fue filtrada a The Washington Post, la representante se dice preocupada porque la empresa continúa beneficiándose de la venta a civiles de armas de guerra, pero considera que lo peor es que “no están rastreando instancias o patrones en los que sus productos se utilizan en delitos, ni tomando otras precauciones razonables para limitar el número de muertos y lesionados”.
El comité se centró específicamente en estos ejecutivos pues las armas que fabrican han estado involucradas en trágicos tiroteos recientes: Daniel Defense fabrica el rifle DDM4 que se usó en la matanza de 19 niños y dos adultos en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas y, por su parte, un rifle semiautomático Smith & Wesson M&P fue el elegido por Robert Crimo III para disparar el lunes sobre una multitud reunida durante un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois donde murieron siete personas y decenas más quedaron heridas.
La siguiente audiencia de este comité se celebrará el 20 de julio y además de los ejecutivos ya citados, no se descarta que se agreguen otros más a la lista dado que la representante Malonet ha dicho que son al menos cinco los fabricantes investigados. Dentro de su solicitud, la congresista pidió le sean reveladas las ganancias brutas de cada empresa por las ventas de rifles semiautomáticos tipo AR-15, los montos que invierten en cabildeo entre los congresistas, su gasto en publicidad y las cantidades de dinero que cada fabricante entrega a la Asociación Nacional del Rifle.
Por cierto, dicha institución ha rechazado cualquier investigación sobre los fabricantes amparándose en la polémica Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en el 2005 durante la administración de George W. Bush, y la cual protege a los fabricantes de armas de fuego de ser considerados responsables cuando sus productos son hallados en escenas criminales.
Pese a esa condición, las demandas sobre los fabricantes han comenzado a presentarse en meses recientes a partir de la victoriosa querella de familiares de víctimas de la balacera del 2012 en la escuela primaria Sandy Hook. Después fue el estado de Nueva York a través de su fiscal Letitia James la cual tiene una demanda en curso sobre armeros, y recientemente lo hizo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, con la queja contra fabricantes de armas fantasma ingresada el pasado viernes primero.
También el gobierno mexicano, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores ingresó una demanda civil en agosto del 2021 en Massachussetts reclamando una indemnización millonaria contra 11 empresas fabricantes de armamento, proceso que ha recibido las simpatías y apoyos judiciales de activistas y fiscales de al menos 11 estados.
Además de los testimonios desgarradores, en las audiencias también se han escuchado apasionadas defensas de la 2ª Enmienda como la de la representante por Texas, Debbie Lesko quien dijo que “Haría cualquier cosa, para proteger a mis cinco nietos, incluido, como último recurso, el dispararles…”.
LCR