El Departamento de Justicia sí mantiene una investigación criminal abierta contra el expresidente Donald Trump por su presunta participación en un esquema de querer certificar listas de falsos electores para tratar de revertir la victoria del actual presidente Joe Biden.
En los últimos días fiscales encargados del caso, habrían interrogado ante un gran jurado a testigos incluidos el ex jefe de personal de Mike Pence, Marc Short, y al abogado, Greg Jacob. Los fiscales buscan aclarar sobre conversaciones que tuvo Trump con sus abogados, especialmente John Eastman y Rudy Giuliani, según informó la tarde del martes The Washington Post, que citan a personas anónimas familiarizadas con el asunto.
Todo indica que el esquema de falsos electores fue diseñado por Giuliani y consistía en que impulsar los funcionarios republicanos en estados “columpio” a realizar listas alternativas e ilegítimas de electores que rechazaran los resultados de los votos estatales y dar fraudulentamente el triunfo a Donald Trump.
De ahí se derivan asimismo las presiones del expresidente y sus allegados sobre Mike Pence, a quien le asignaban el poder de cancelar el conteo del 6 de enero, para enviar de regreso a los estados las listas originales que serían reemplazadas por las fraudulentas. Pence se negó en todo momento a ceder a esa orden.
Ese y otros intentos de Trump por revertir la elección presidencial estadunidense han sido mostrados a detalle en las siete audiencias públicas celebradas durante junio y julio por el Comité Selecto 6 de enero que investiga el asalto al Congreso.
El caudal de pruebas y testimonios, primordialmente de republicanos y exaliados del presidente, no han hecho sino aumentar la presión sobre el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, que dos veces en este año ha dicho que “nadie está por encima de la ley” y que las investigaciones “llegarán hasta donde tengan que llegar”.
El mensaje dado ayer lunes por un normalmente ecuánime presidente Joe Biden, pareciera el llamado a la acción que Garland estaba esperando. “No se puede estar a favor de la insurrección y de la policía. No se puede estar a favor de la insurrección y de la democracia. No se puede ser pro-insurrección y pro-estadunidense”, dijo en referencia a las tres horas que Trump estuvo mirando por televisión el ataque de sus seguidores al congreso sin intentar impedirlo.
Otro delito que el ex presidente habría cometido y por el cual puede estar siendo investigado es por el de conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un proceso gubernamental, que son los cargos que se han presentados contra buena parte de los más de 840 procesados por violentar el Capitolio el 6 de enero.
El Departamento de Justicia ha recopilado además los registros telefónicos de funcionarios y asesores de Trump, incluido su exjefe de gabinete, Mark Meadows. En semanas anteriores agentes federales decomisaron además dispositivos electrónicos de Eastman y realizaron cateos en la casa de Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que apoyó los esfuerzos ilegales de Trump.
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