La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha gastado 12 millones de dólares anuales en el pago de “premios” a informantes confidenciales, con el objetivo de desmantelar organizaciones del narcotráfico y así quedarse con su dinero.
Un informe enviado al congreso de Estados Unidos, una auditoría y otros documentos federales consultados por MILENIO, revelan que la dependencia norteamericana encargada de erradicar el tráfico de drogas ha ido incrementado los recursos destinados a pagar “fuentes” que ofrecen datos útiles que sirven para confiscar propiedades y cuentas bancarias de narcotraficantes mexicanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió que durante 2021 se gastaron 7 millones 871 mil dólares en “premios” para los informantes secretos. Mientras que al finalizar 2022 se habrán invertido 13 millones 510 dólares. Los “gastos de investigación” para 2023 se dispararán hasta los 16 millones 086 mil dólares.
Las cifras anuales de pago a informantes palidecen frente a los 12 mil 600 millones de dólares que un juez de distrito ordenó incautar a Joaquín El Chapo Guzmán, los cuales debió entregar al programa de Confiscación de Activos, el mismo que otorga los fondos para pagar “los premios” a las fuentes confidenciales.
Hace cinco años, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes denunció que a pesar de todo el dinero gastado, estos informantes confidenciales tienen intereses oscuros.
“En general, estos programas relacionados con la inteligencia se centran en obtener conocimiento de las actividades operativas de las organizaciones del tráfico de droga”, dijeron.
Según este documento, desde hace cinco años detectaron que existían riesgos significativos en el uso y pago de fuentes confidenciales, ya que a menudo estas personas estaban asociadas a actividades criminales, motivados por la compensación económica y para obtener una sentencia penal reducida.
Los premios
El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó en un informe enviado al Congreso la importancia de tener un apartado especialmente dedicado a pagarle a estos informantes.
“Los pagos de premios a fuentes confidenciales son fundamentales para el cumplimiento de la misión principal de la DEA: interrumpir y desmantelar el narcotráfico. Los pagos de premios brindan un tremendo incentivo para que las personas ayuden en investigaciones de narcotráfico que resulten en la incautación y decomiso de activos relacionados con las drogas”, señaló en la justificación del presupuesto para 2023.
En este documento reveló que durante el año 2021 se gastaron 7 millones 871 mil dólares en premios a los informantes secretos. Mientras que para finalizar el 2022 se gastarán 13 millones 510 dólares.
Los “gastos de investigación” para 2023 se dispararán hasta los 16 millones 86 mil dólares.
Según el Departamento de Justicia, estos informantes han ayudado a que el programa de incautaciones cumpla su objetivo: los ingresos y la venta de estos bienes que le fueron decomisados a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Según el presupuesto para el próximo año, el promedio anual del fondo de incautaciones es de aproximadamente 2 mil millones de dólares, mismos que son reutilizados en los gastos que generen las propias investigaciones contra los criminales, o en el pago de compensaciones a sus víctimas.
Las irregularidades
Y aunque las autoridades en la DEA y en el Departamento de Justicia insisten en destacar las bondades de trabajar con informantes confidenciales, desde hace cinco años el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunció que la agencia no supervisó adecuadamente los pagos a sus fuentes.
Dijeron que la DEA tenía en ese entonces 18 mil informantes confidenciales, y aunque no precisaron cuántos, revelaron que la agencia se estaba exponiendo a un potencial fraude, despilfarro y abuso por parte de los “espías”.
La misma agencia había utilizado los talentos de estas fuentes confidenciales: por ejemplo, detectaron que la DEA reactivó a una fuente confidencial que había prestado previamente falso testimonio en juicios y declaraciones.
Durante un periodo aproximado de cinco años de reactivación, un informante fue utilizado en 13 casos distintos. A ese solo “espía” se le pagaron 465 mil dólares por sus servicios.
“La DEA no validó la credibilidad de las fuentes utilizadas para los programas de inteligencia, ni la precisión de la información que proporcionan”, dice la auditoría del congreso.
“Documentación inadecuada y falta de controles internos junto con la amplia discreción utilizada por las oficinas de campo para determinar los montos de pago, son preocupantes porque aumentan el riesgo de fraude y abuso. Existe una necesidad de una supervisión más sólida para mitigar estos riesgos”, agregan.
Los informantes
Informantes confidenciales también han sido utilizados por el Departamento de Justicia para tratar de enjuiciar a narcotraficantes mexicanos. En algunos casos, la defensa de los narcotraficantes han intentado desacreditarlos.
Tal vez el caso más notorio es el de informante que el mismo Joaquin Guzmán Loera desacreditó durante su juicio. Según El Chapo, el informante creía en la masonería, en otros planetas y galaxias, ovnis, el apocalipsis, brujería y astrología.
“El testigo ha dicho que un programa de Discovery Channel sobre una raza alienígena de 15 pies de altura de otro universo que solía extraer los metales de la Tierra le causó una gran impresión. Alguien escuchó al testigo decir que disparó a una mujer porque sintió que le estaba haciendo brujería”, fueron algunos de los argumentos de Guzmán.
Sin embargo, el juez del Distrito Este de Nueva York consideró que consultar a un brujo no era sinónimo de mentira, o afectara su capacidad de percibir el mundo. Finalmente fue uno de los testimonios que ayudaron a que la Fiscalía consiguiera que el juez le impusiera una sentencia de cadena perpetua.
El juez además le ordenó a El Chapo Guzmán la incautación de 12 mil 600 millones de dólares, que deberá entregar al programa de Confiscación de Activos, el mismo que otorga los fondos para pagar “los premios” a las fuentes confidenciales.
Otros narcotraficantes también han tenido que entregar sus bienes. Tal es el caso de su pareja Emma Coronel, quien luego de haber sido acusada por un testigo protegido de conocer las actividades de su marido e incluso colaborar con él, fue sentenciada a pasar tres años en prisión.
Además se le ordenó entregar 1.5 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos.
ledz